La burocracia de nuestras administraciones y su complejidad se traducen en que de promedio, los ceutíes necesitan de cuatro a cinco horas para poder completar un trámite con la administración pública y no solo se pierde muchísimo tiempo, sino que además esas horas se esparcen en múltiples días, el 25% de esos trámites requieren un mínimo de tres visitas a la entidad pública, y solo la mitad se pueden resolver en un solo día.
Los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los tramites sean insoportables e incomprensibles, de hecho muchos ciudadanos tiran la toalla y desisten por las dificultades que presentan, requisitos, demoras que hacen que constituyan altas barreras sobre todo si tomamos el nivel de escolaridad como una variable indicadora, en otras palabras, las personas con menos recursos evitan con más frecuencia hacer un trámite.
Si a todo esto le añadimos que el acceso a programas sociales de esta urbe implica la realización de un trámite, estos indicadores invitan a pensar que los programas públicos podrían no estar llegando a todos los potenciales beneficiarios, tal y como sucede en estos momentos y un claro ejemplo lo tenemos con A.A.B un padre de familia numerosa, con una discapacidad de un 95% en silla de ruedas, con dependencia III, con enfermedades crónicas degenerativas y con una orden de desahucio.
Las instituciones públicas en democracia no son de propiedad de sus dirigentes, sino de sus ciudadanos que son los titulares de la soberanía. El responsable tiene que saber y practicar que debe rendir cuentas continuamente a la ciudadanía y que la búsqueda de la calidad en el servicio debe ser objetiva al interés general. En un presente con momentos de profundas crisis en tantos sentidos, la indignación reinante también se canaliza hacia la exigencia de una buena administración pública que trabaje sobre la realidad, desde la racionalidad y centrada en el ser humano, actuando con una mentalidad abierta, buscando el entendimiento y haciendo gala de una profunda sensibilidad social.
Un derecho de los ciudadanos debe ser que cuenten con una buena administración y un principio de actuación administrativa. La administración como tal está obligada, en toda democracia, en distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo.
José Antonio Carbonell Buzzian