España atraviesa esta semana una de sus mayores turbulencias diplomáticas en décadas. Donald Trump amenazó con suspender todas las relaciones comerciales con España tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense contra Irán.  El presidente norteamericano calificó a España de "aliado terrible" y la criticó por no elevar su gasto en defensa al 5% del PIB. (El Español) En ese momento de máxima presión, Alberto Núñez Feijóo tomó partido: no contra quien nos amenazaba, sino contra el gobierno propio.

Para el líder del PP, "lo que no admite discusión es que la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad" y apuntó directamente al presidente: "Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted." El argumento, en apariencia razonable, lleva implícita una lógica reveladora: los crímenes del régimen iraní justifican la ofensiva militar. Desde los ataques contra Irán, el PP hizo todo su análisis sin emitir críticas hacia los países atacantes, y Feijóo legitimó la ofensiva enumerando los crímenes del régimen iraní.

Aquí es donde el discurso de Feijóo sobre los derechos humanos merece ser examinado con lupa, porque no es la primera vez que los invoca selectivamente.

El PP proclama defender los derechos humanos. El registro dice otra cosa.

Desde el PP afirman que "la defensa de los derechos humanos es una de sus principales banderas" y que trabajan "para contribuir a alcanzar estándares internacionales en las normas básicas de convivencia."  La declaración es impecable. Lo que resulta difícil de conciliar con ella es el historial de votaciones concretas.

La dinámica se repite desde hace casi cuarenta años: las fuerzas progresistas presentan leyes de avance en derechos sociales y el Partido Popular activa toda su maquinaria para rechazarlos, aunque al cabo de los años, cuando ya tienen gran apoyo social, trate de asumirlos como propios. 

El recorrido es largo y documentado. El Congreso aprobó la Ley Orgánica de Eutanasia con los únicos votos en contra de PP y Vox. España se convertía así en el sexto país del mundo en amparar la muerte digna.  En 2002, siendo presidente Aznar, el PP se convirtió en el único grupo que votó en contra de la propuesta integral de Ley contra la Violencia de Género presentada por el PSOE.  En 2005, el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley del matrimonio igualitario argumentando que "desnaturaliza la institución constitucional", oponiéndose también a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 

En materia de aborto, el patrón es idéntico. En la última reforma sobre la interrupción del embarazo de 2023, el partido no tuvo una posición clara: aunque votaron en contra, Feijóo reconoció públicamente que dentro de la formación había diversidad de opiniones, justificando su oposición mediante tecnicismos y críticas a Sánchez antes que con un posicionamiento concreto. 

Y la semana pasada, una muestra concreta y reciente: el 26 de febrero de 2026, el Congreso votó en contra de la convalidación del Real Decreto para prorrogar la moratoria de desahucios de familias vulnerables. Las formaciones que se opusieron a esta medida fueron Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y UPN. Amnistía Internacional denunció que esos cuatro partidos adoptaron un pacto implícito con postulados que entienden la protección social como un vestigio a erradicar, contrario al derecho a la vivienda reconocido en los tratados de Derechos Humanos.  El resultado inmediato: más de 70.000 familias vulnerables volvieron a estar en peligro de enfrentarse a un desahucio sin alternativa habitacional. 

La incomodidad internacional que nadie nombra

Mientras Feijóo invoca los derechos humanos para justificar su apoyo tácito a una ofensiva militar en Oriente Medio, el área internacional es precisamente aquella en la que el líder popular se ha sentido menos cómodo desde su llegada a Génova. Su apuesta ha consistido en alinearse con Washington: trasladó al secretario de Estado Marco Rubio que "su propósito en materia exterior es que España sea un país fiable para sus aliados",  prometiendo fortalecer el vínculo transatlántico. Pero Rubio no le dio respuesta alguna en redes sociales. 

Mientras tanto, Macron llamó a Sánchez para expresarle "la solidaridad europea de Francia" y el Consejo Europeo trasladó su "plena solidaridad" al gobierno español. La unidad frente a Trump llegó de los aliados europeos, no del principal líder de la oposición española.

Un país partido por la mitad

Lo que esta crisis pone sobre la mesa no es solo la coherencia de un partido. Es el retrato de una España que no encuentra un mínimo común denominador ni en los momentos que más lo exigen. Cuando una potencia extranjera amenaza con romper relaciones comerciales con nuestro país, la respuesta del principal partido de la oposición no fue la de arropar a España, sino la de arropar a quien nos amenazaba.

Y cuando ese mismo partido habla de derechos humanos para explicar su lectura del conflicto en Oriente Medio, resulta inevitable confrontar ese discurso con 70.000 familias que esta semana se quedaron sin la protección frente al desahucio que el PP ayudó a tumbar. Los derechos humanos, como la bandera, tienen un problema cuando se usan solo en las guerras de otros: pierden credibilidad justo cuando más se necesitan en casa.

El patriotismo que España necesita y no tiene: el patriotismo inclusivo

Hay una palabra que ha sido tan maltratada por la política española que casi da pudor pronunciarla: patriotismo. La derecha la ha secuestrado durante décadas como bandera de exclusión. La izquierda, en reacción, ha renunciado a ella hasta hacerla casi irreconocible. El resultado es que en el momento en que más falta hace un sentimiento compartido de país, España aparece ante el mundo como un solar en disputa donde cada facción planta su propia bandera.

Lo que esta crisis exige, con urgencia, es algo distinto: un patriotismo inclusivo. No el de quien dice amar España mientras torpedea sus instituciones desde fuera. No el de quien convierte la nación en trinchera de partido. Sino el que reconoce que pueden coexistir visiones profundamente distintas del país sin que eso impida, en los momentos críticos, hablar con una sola voz hacia fuera.

Francia lo ha hecho. Alemania lo ha intentado. El Reino Unido, incluso en sus peores momentos de fractura interna, mantiene ciertos suelos de consenso inamovibles cuando la presión exterior golpea. En España, ese suelo aún no existe, o si existió alguna vez, la polarización de los últimos años lo ha ido erosionando hasta dejarlo irreconocible.

Ser patriota hoy en España no significa coincidir con Sánchez ni con Feijóo. Significa entender que cuando Trump llama "terrible aliado" a tu país, ese insulto no distingue entre votantes del PP y del PSOE, entre catalanes y andaluces, entre quienes apoyan la moratoria de desahucios y quienes la rechazan. El agravio es colectivo. Y la respuesta, si queremos que tenga algún peso en el mundo, también tendría que serlo.

El patriotismo inclusivo no pide unanimidad ideológica. Pide, simplemente, que cuando el país está en el punto de mira, los líderes sean capaces de anteponer lo común a lo conveniente. Que la crítica al adversario interno tenga un límite allí donde empieza el daño al interés nacional. Que quienes aspiran a gobernar a todos los españoles demuestren, antes de llegar al poder, que son capaces de pensar en todos los españoles.

Esa es la fisura real. No la que abre Sánchez con sus alianzas, ni la que abre Trump con sus amenazas. La que se abre cuando un país no es capaz de mirarse al espejo con una sola voz. Y mientras esa fisura permanezca abierta, ningún resultado electoral la cerrará.

Porque los países que se doblan ante la presión exterior no suelen romperse por lo que les viene de fuera, sino por lo que se niegan a construir por dentro. España tiene todo lo necesario para resistir cualquier tormenta: le falta, únicamente, la decisión de capearla juntos.

Jose Antonio Carbonell Buzzian