Hay silencios que preocupan, otros que indignan y algunos que, cuando afectan a la soberanía nacional, resultan políticamente intolerables. La actitud del Gobierno de Pedro Sánchez ante Marruecos plantea una pregunta cada vez más inquietante: ¿por qué España parece tener siempre algo que conceder y tan poco que exigir?

Lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 debería haber provocado una respuesta diplomática contundente. Miles de personas intentaron atravesar nuestra frontera en unos acontecimientos sobre los que existen informaciones que apuntan a un posible conocimiento previo y a la pasividad de las autoridades españolas y marroquíes

Pero lo más grave estaba por conocerse. El pasado 12 de octubre, El País informó de que una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí habían penetrado en aguas territoriales españolas durante aquellos incidentes, provocando situaciones de enorme tensión con nuestra Armada.

Nuestros militares actuaron defendiendo la soberanía nacional y se realizaron gestiones diplomáticas. Sin embargo, los españoles conocimos la gravedad de estos hechos más de dos meses después, a través de la prensa. ¿Por qué el Gobierno no informó entonces? ¿Qué explicaciones exigió a Marruecos? ¿Qué garantías obtuvo para impedir que semejantes hechos volvieran a repetirse?

Y, lejos de tratarse de un incidente aislado, las presuntas vulneraciones de nuestras aguas territoriales parecen repetirse. Según informaciones publicadas por distintos medios nacionales, el 7 de septiembre una fragata marroquí volvió a penetrar en aguas españolas próximas a Ceuta. A ello se suma la presencia, el pasado 15 de octubre, de una patrullera de la Marina Real marroquí que, según dichas informaciones, permaneció durante unas siete horas en la bahía sur de Ceuta, apenas dos días después de la visita de los Reyes de España. El Gobierno niega estas nuevas incursiones. Ante semejantes informaciones contradictorias, cabe preguntarse: ¿qué está ocurriendo realmente en nuestras aguas territoriales? ¿Por qué no se ofrece una explicación pública y detallada? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta incertidumbre sobre nuestra soberanía nacional?

La jueza María Tardón investiga los acontecimientos de Ceuta y se ha solicitado que también examine las incursiones navales. Será la Justicia quien determine las posibles responsabilidades penales, pero la responsabilidad política de dar explicaciones corresponde al Gobierno.

Mientras tanto, dirigentes políticos marroquíes siguen reivindicando Ceuta y Melilla. Las declaraciones de Nabila Mounib, defendiendo la recuperación de ambas ciudades, recuerdan que estas aspiraciones territoriales continúan presentes en determinados sectores de la política marroquí.

Y no podemos olvidar el Sáhara Occidental. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó la posición histórica española para respaldar la propuesta marroquí de autonomía. Una decisión de enorme trascendencia que se presentó como el comienzo de una nueva etapa de estabilidad. Cuatro años después, ¿qué ha ganado España con semejante cambio?

Pero existe otra cuestión que merece especial atención: los intereses y vínculos de destacados dirigentes socialistas con Marruecos.

Se han publicado informaciones sobre propiedades y vínculos inmobiliarios de José Bono y Felipe González en Marruecos. Luis Planas, actual ministro de Agricultura, ha declarado una vivienda en aquel país, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido una estrecha relación política con Rabat, defendiendo posiciones favorables a sus intereses.

Tener propiedades o mantener relaciones personales en Marruecos no constituye ninguna irregularidad. Pero cuando hablamos de antiguos presidentes, ministros y responsables políticos, resulta legítimo exigir absoluta transparencia y preguntar si esas relaciones pueden generar conflictos de intereses. ¿Hasta qué punto pueden influir los intereses particulares en las decisiones políticas que afectan a nuestra soberanía?

También merece una explicación la iniciativa de doce eurodiputados socialistas de España, que han impulsado desde Bruselas una iniciativa para conceder nuevas ventajas industriales y comerciales a Marruecos. Mientras nuestras empresas y agricultores soportan crecientes exigencias y una competencia desigual, ¿por qué se promueven posibles beneficios para un país desde el que determinados dirigentes siguen cuestionando nuestra integridad territorial?

A esta situación se suma el creciente cuestionamiento europeo de la política migratoria de Pedro Sánchez. Este viernes, durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, varios dirigentes europeos, especialmente los de República Checa, Dinamarca, Italia y Austria, han criticado abiertamente la política migratoria española. El primer ministro checo, Andrej Babiš, ha sido especialmente contundente al denunciar que determinados políticos españoles estarían dispuestos a sustituir a la población mediante la inmigración para mantenerse en el Gobierno. Unas declaraciones que ponen de manifiesto el creciente rechazo de varios países europeos a una política migratoria española cuyas consecuencias trascienden nuestras fronteras.

No se trata de romper relaciones con Marruecos. Se trata de exigir respeto, reciprocidad y firmeza. La buena vecindad no puede convertirse en una sucesión interminable de concesiones españolas.

Pedro Sánchez debe explicar qué compromisos ha asumido Marruecos, por qué los españoles tardamos meses en conocer la gravedad de las incursiones marítimas y qué beneficios reales está obteniendo España de esta política exterior.

Porque cuando coinciden concesiones diplomáticas, intereses particulares y silencios gubernamentales, exigir transparencia no es una acusación: es una obligación democrática.

El Sáhara fue una concesión política de enorme trascendencia. Ceuta y Melilla no pueden convertirse en el siguiente capítulo de una diplomacia de silencios.

España no está en venta. Su soberanía no se negocia. Y ningún interés político, económico o personal puede estar por encima de la defensa de nuestra nación.

José García Martínez