La política hídrica del Gobierno está dejando una imagen difícil de explicar en el Levante español: mientras el recorte progresivo del Trasvase Tajo-Segura derivado de los nuevos caudales ecológicos sigue adelante, buena parte de las infraestructuras que debían aportar recursos alternativos todavía no están terminadas.

El problema no es defender o rechazar la desalación. El problema es mucho más sencillo: no se puede quitar primero el agua y construir después la alternativa.

Las ampliaciones de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco fueron presentadas como una pieza fundamental para afrontar el déficit hídrico de Murcia, Alicante y Almería. Torrevieja debe aumentar su capacidad de 80 a 120 hm³ anuales; Águilas, de 60 a 70 hm³; y Valdelentisco, desde unos 42 hasta 70 hm³. Pero esas capacidades adicionales todavía no están plenamente disponibles para los regantes.

Y una desaladora sobre el papel no riega una hectárea.

Valdelentisco resulta especialmente preocupante. Su ampliación tenía prevista financiación europea dentro del Plan de Recuperación, con 56,5 millones de euros contemplados en la planificación de ACUAMED. Los retrasos han llevado el proyecto hasta los límites temporales de los fondos europeos, abriendo ahora una pregunta elemental: ¿quién financiará finalmente lo que falta y cuándo estará realmente disponible esa agua?

Mientras tanto, el otro calendario sí avanza.

Los caudales ecológicos del Tajo establecidos en el actual Plan Hidrológico continúan su aplicación progresiva hasta 2027, con las consiguientes repercusiones sobre los recursos disponibles para el Trasvase. Es decir, aquello que resta agua tiene fecha; aquello que debía aportar alternativas acumula retrasos.

Pero existe otra parte de esta historia de la que se habla mucho menos.

El propio Real Decreto 35/2023 contempla el seguimiento de las inversiones destinadas a la modernización de los regadíos de la cabecera del Tajo y al saneamiento y depuración de Madrid. No son cuestiones menores: mejorar la eficiencia de los regadíos permite reducir consumos y liberar recursos, mientras que mejorar la depuración resulta fundamental para recuperar la calidad ambiental del río.

Y todavía existen zonas regables como el Canal de las Aves o la Real Acequia del Tajo con actuaciones de modernización pendientes o en ejecución. Solo en el Canal de las Aves, la planificación contempla una reducción de la demanda cercana a los 5,8 hm³ anuales.

Aquí aparece la verdadera contradicción.

Imaginemos una balanza. En un lado colocamos los nuevos caudales ecológicos y la reducción progresiva de los recursos disponibles para el Tajo-Segura. Esa parte tiene normas, fechas y consecuencias.

En el otro lado colocamos las ampliaciones pendientes de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco, las conducciones necesarias para llevar el agua desalada hasta los regantes, la modernización de regadíos de la cabecera y las inversiones en saneamiento y depuración.

¿Está equilibrada esa balanza?

Si recuperar ambientalmente el Tajo exige esfuerzos, esos esfuerzos deben repartirse y ejecutarse al mismo tiempo. No parece razonable exigir al Levante que soporte primero la reducción de sus recursos mientras las actuaciones que debían acompañarla avanzan con calendarios diferentes.

Murcia, Alicante y Almería no pueden planificar su agricultura con anuncios, proyectos o futuras inversiones. Necesitan saber cuánta agua tendrán, cuándo estará disponible y, además, a qué precio podrán pagarla.

Porque detrás de cada hectómetro cúbico no hay solamente una estadística. Hay cultivos, explotaciones agrícolas, empresas, exportaciones, puestos de trabajo y miles de familias.

La desalación es necesaria. La reutilización también. Y también lo son la modernización de regadíos, la depuración y todas las infraestructuras capaces de aprovechar mejor cada gota de agua. Pero estos recursos deben sumarse, no convertirse en la excusa para retirar anticipadamente aquello que todavía no se ha podido sustituir.

La cuestión, por tanto, no debería ser Tajo o Levante. La cuestión debería ser gestionar correctamente el agua de todos.

Y mientras las obras prometidas sigan pendientes, queda una pregunta que el Gobierno debería responder:

¿Por qué para recortar el agua sí se cumplen los plazos y para garantizar las alternativas siempre tenemos que esperar?

José García Martinez.