Cada vez son más las personas en España que sienten que trabajar, cotizar durante décadas y llegar a la jubilación ya no garantiza una vida digna. El malestar no nace únicamente de los números, sino de una sensación cada vez más profunda de desigualdad, impotencia y desprotección. Mientras muchos ciudadanos intentan llegar a final de mes con enorme dificultad, observan cómo desde determinadas esferas políticas y económicas parece existir una realidad completamente distinta, alejada de los problemas cotidianos de quienes sostienen el país con su esfuerzo.
Uno de los ejemplos que más indignación está generando es el de numerosos jubilados que, después de toda una vida trabajando, ven cómo sus pensiones sufren importantes retenciones fiscales. Personas mayores, muchas de ellas con gastos médicos, problemas de salud o ayudas familiares, descubren de pronto que Hacienda les descuenta cantidades que en algunos casos superan varios cientos de euros mensuales. Y lo que más desconcierta no es solo la cantidad, sino la falta de explicaciones claras y comprensibles.
La sensación de injusticia aumenta cuando muchos pensionistas se preguntan cómo es posible que una pensión reciba prácticamente el mismo tratamiento fiscal que un salario ordinario. No se trata únicamente de una cuestión económica, sino también moral. Porque quien se jubila no está comenzando una vida laboral, sino concluyendo décadas de sacrificio, horarios interminables, cotizaciones obligatorias y responsabilidades familiares. Para muchas personas, la jubilación debería representar tranquilidad y seguridad, no incertidumbre ni miedo constante a que cada subida anunciada termine convertida en nuevas retenciones.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de las pensiones. Existe una percepción social creciente de que el esfuerzo siempre recae sobre los mismos. El trabajador corriente paga impuestos, soporta el aumento de los precios, afronta hipotecas, alquileres y facturas imposibles, mientras contempla cómo continúan apareciendo casos de despilfarro, corrupción o privilegios políticos que erosionan profundamente la confianza en las instituciones.
Y quizá ahí reside una de las mayores fracturas de nuestra sociedad actual, la pérdida de credibilidad. Porque ya no se trata únicamente de izquierdas o derechas, de unos colores políticos frente a otros. La decepción ciudadana nace precisamente de comprobar que, gobierne quien gobierne, demasiadas veces se repiten los mismos errores, las mismas promesas incumplidas y las mismas situaciones que terminan perjudicando siempre al ciudadano de a pie.
La sociedad no exige milagros, lo que reclama es algo más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante, transparencia, honestidad y respeto por el dinero público. La mayoría de los trabajadores no aspiran a enriquecerse ni a vivir rodeados de privilegios. Aspiran simplemente a trabajar con dignidad, llegar a fin de mes sin angustia y poder envejecer con cierta tranquilidad después de haber contribuido durante toda su vida al sostenimiento del país.
Pero la realidad actual está llevando a muchas personas a una conclusión preocupante, ya no se vive, se sobrevive.
Sobrevive quien puede llenar el carro de la compra mirando cada céntimo, sobrevive quien retrasa visitas medicas privadas porque no puede permitírselas, sobrevive el jubilado que teme abrir una carta de Hacienda, sobrevive el joven que trabaja y aun así no puede independizarse.
Y mientras tanto, el ciudadano contempla con impotencia cómo algunos responsables públicos parecen vivir ajenos a esa realidad, protegidos por salarios elevados, privilegios institucionales y una distancia cada vez mayor respecto a los problemas reales de la calle.
Una pensión no puede seguir tratándose exactamente igual que el salario de un trabajador en activo. Por eso las retenciones del IRPF sobre las pensiones deberían adaptarse a la realidad de las personas mayores, estableciendo tramos más humanos, más equilibrados y verdaderamente equitativos. No se trata de privilegios, sino de reconocer que la jubilación debería ser una etapa de tranquilidad y dignidad, no de angustia económica permanente. Un país que no protege a quienes ya han trabajado toda su vida termina perdiendo también una parte esencial de su propia dignidad colectiva.
España necesita recuperar algo esencial, la confianza, y esa confianza solo puede reconstruirse con ejemplaridad, legalidad y una gestión pública verdaderamente orientada al bien común. Porque cuando un país acostumbra a sus ciudadanos a sobrevivir en lugar de vivir, el problema deja de ser económico para convertirse también en moral y social.
CONCHI BASILIO