Sabrina Niclos  no es una estadística. No es un número en un sumario judicial ni una línea en un balance contable.

Es una persona de 45  años, madre de cuatro hijos que, durante catorce años, ha sufrido y sufre una larga travesía del desierto.

Ella, que con 29 años heredó una pequeña herencia de su abuela y decidió convertirla en su hogar.. Llombai, tenía una pequeña sucursal bancaria, del Banesto,  cuyo director era un hombre afable y sonriente  con las siglas G.C.  y le ofreció un prestamo para comenzar las obras.

Al poco tiempo se dió cuenta que era excesivo.

 El director optó por cancelar ese préstamo y ofrecerle otrob prestamo hipotecario.  El problema surgió cuando le concedió la hipoteca  y no le canceló el préstamo.

Durante meses estuvo pagando  cerca de 2000 euros al mes. Era algo insostenible. Tardó pero al final el prestamo se canceló y se quedo con una hipoteca de 116.000 euros .

En esos momentos ella residía en Denia y regresaba al banco para poder pagar a los trabajadores.

La sorpresa fue que un día  al hacer su viaje semanal . La oficina del Banesto estaba cerrada. Todo había desaparecido  dinero y sucursal y dejo a cientos de personas tiradas .

Ella estaba embarazada de siete meses. Tras una auditaría se dan cuenta que el director se había apropiado del dinero del banco y había desaparecido.

El 28 de diciembre de 2012, el Banco Santander absorbió a Banesto, pero eso no arreglo el problema  le sugieren firmar un acuerdo y de nuevo es engañada.

Han  pasado ya todo esos años  y apenas le han quitado un 10 % .

Pero la indignación no termina en el estafador que ya tiene una condena firme; la indignación reside en la trinchera de silencio burocrático levantada por un gigante financiero: el Banco Santander.

La historia ya fue juzgada y sentenciada. El Tribunal Supremo confirmó en 2022 lo que en Llombai todos sabían: G.C.M.Abusó de la fe de los más vulnerables, de la cercanía de un pueblo donde el banquero era "de los nuestros", para perpetrar un saqueo silencioso mediante cargos no autorizados y firmas falsas.

La Justicia habló claro: 6 años de prisión para el culpable y una condena explícita al Banco Santander como Responsable Civil Subsidiario.

El acusado se declaró obviamente insolvente.  Aquí es donde la maquinaria judicial, supuestamente protectora del ciudadano, muestra su rostro más cruel para Sabrina Nicols y el resto de damnificados. La doctrina del "responsable civil subsidiario" se ha convertido en un escudo perverso. Significa que, aunque el banco heredó todas las obligaciones de Banesto al absorberlo —incluida la responsabilidad patrimonial por los delitos de sus empleados—, no moverá un dedo hasta que no se demuestre que el condenado es completamente insolvente.

Es la paradoja de la indefensión moderna: el banco que permitió que se operara durante años sin los controles antifraude adecuados, el banco que se benefició de la actividad comercial de una oficina que ahora se revela como un nido de delincuencia, se parapeta tras un tecnicismo procesal. Mientras se rastrean bienes imposibles de un estafador que ya habrá blindado su patrimonio, las víctimas envejecen, enferman y mueren sin haber recuperado lo que era suyo.

Sabrina  afirma con una mezcla de rabia y agotamiento:  'No sé si voy a morirme antes de que el Santander tenga la decencia de mirarme a la cara y pagarme lo que es mío'".

La fusión por absorción de Banesto por parte del Santander en 2012 transmite la totalidad del patrimonio, derechos y obligaciones. Es la sucesión universal. Sin embargo, la cúpula del banco, esa que presume de solvencia financiera y responsabilidad social corporativa, aplica un doble rasero: existe la convicción moral y legal de que el Santander debe pagar, pero la estrategia defensiva consiste en agotar la vía ejecutiva contra el estafador, prolongando la agonía de los afectados.

El caso de Llombai no es una excepción. Es el síntoma de una patología sistémica donde las entidades financieras, durante años, externalizaron su red de sucursales en agentes que operaban con escasa vigilancia, y ahora, cuando aflora el lodazal de la estafa, niegan su responsabilidad directa pese a las sentencias.

La pregunta que  ¿para qué sirve una condena a un banco si no se cumple de inmediato? ¿De qué le sirve a Sabrina una sentencia favorable si el coloso financiero se enroca en la burocracia mientras el reloj biológico corre en su contra?

Exigimos a la entidad presidida por Ana Botín un acto de justicia voluntaria y urgente. No esperen a la humillación del embargo imposible. Tienen la obligación legal, sí, pero sobre todo moral, de sacar de esta pesadilla a los vecinos de un pueblo valenciano que solo pecaron de inocentes. Devuelvan el dinero. Cierren esta herida. Demuestren que un banco, incluso tras una herencia envenenada como la de Banesto, puede estar a la altura de las personas humildes que confiaron en él.

El Banco Santander solo está obligado a pagar si el condenado principal no lo hace, siendo su responsabilidad subsidiaria.

Hay casos que ratifican esto y aquí lo expongo.

Para reforzar esta doctrina, en un caso similar juzgado por la Audiencia Provincial de Ávila y publicado en mayo de 2025, una exagente de Banesto fue condenada por apropiación indebida de más de 300.000 euros cometida entre 2003 y 2011. De igual manera, la sentencia declaró al Banco Santander responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones que la condenada no pudiera afrontar.

Esta figura está regulada en el artículo 120 del Código Penal, que busca proteger a las víctimas cuando el autor directo del delito es insolvente y existe un tercero (como una empresa) que se benefició de la actividad delictiva, creó el riesgo o incumplió un deber de vigilancia sobre su empleado.

En resumen, los afectados en Llombai tienen el derecho legal a que el Banco Santander les pague, pero solo después de que se demuestre que no pueden cobrar del condenado principal.