El principio de prioridad nacional vuelve a abrir un debate incómodo, pero cada vez más presente en buena parte de Europa y también en España. Un debate que determinados sectores políticos intentan cerrar rápidamente recurriendo a etiquetas fáciles como "racismo", "xenofobia" o incluso "autoritarismo", evitando así afrontar la verdadera pregunta que millones de ciudadanos consideran legítima: ¿debe un país proteger primero a quienes llevan toda una vida sosteniéndolo con su trabajo, sus impuestos y su esfuerzo?
Porque esa es la cuestión de fondo. No se trata de odio al extranjero, ni de perseguir a nadie por su origen, su religión o su color de piel. Se trata de justicia social, de equilibrio y de sentido común. Un Estado tiene la obligación moral de atender primero a quienes han contribuido durante décadas al desarrollo del país, a quienes han levantado empresas, trabajado en el campo, cotizado durante años y sostenido con sus impuestos la sanidad, las pensiones, la educación y el conjunto de los servicios públicos.
Sin embargo, cada vez que alguien plantea este debate, aparecen determinados partidos y movimientos izquierdistas acusando automáticamente de racistas o extremistas a quienes simplemente defendemos, que debe existir una prioridad para los ciudadanos que más tiempo llevan trabajando y cotizando en España. Resulta sorprendente que pedir reconocimiento para quienes han sostenido el país durante generaciones sea presentado como algo antidemocrático, mientras se considera intocable cualquier política migratoria, por desordenada o insostenible que resulte.
Porque muchos españoles empiezan a hacerse una pregunta lógica: ¿qué sentido tiene trabajar y cotizar durante cuarenta años si luego el acceso a determinados recursos públicos parece no distinguir entre quien ha contribuido toda una vida y quien acaba de llegar? Esa sensación de injusticia es precisamente la que está creciendo en amplias capas de la sociedad.
Resulta difícil explicar a muchos ciudadanos que después de toda una vida pagando impuestos tengan que esperar meses para una consulta médica, años para acceder a una vivienda pública o soportar unos servicios saturados, mientras el sistema cada vez tiene más dificultades para absorber una inmigración creciente sin planificación ni control suficiente. La sanidad, la educación, las ayudas sociales y la vivienda muestran síntomas claros de saturación en numerosos municipios y comunidades autónomas.
Y, aun así, hablar de ello sigue pareciendo casi un tema prohibido. Se puede hablar de cualquier problema social, económico o político, excepto de las consecuencias que puede generar una inmigración masiva y descontrolada sobre unos servicios públicos ya al límite. Quien lo hace corre el riesgo inmediato de ser señalado públicamente.
Pero defender la prioridad nacional no es racismo. Racismo sería discriminar a alguien por su raza o su origen étnico. Aquí se habla de algo distinto: de priorizar en determinados ámbitos a quienes más tiempo llevan aportando al sostenimiento del país. Exactamente igual que ocurre en muchos sistemas donde quien más contribuye y más tiempo participa obtiene determinados derechos o preferencias.
Además, la democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También implica escuchar las preocupaciones reales de los ciudadanos y permitir debates incómodos sin criminalizar automáticamente a quien piensa diferente. Y hoy millones de europeos observan con preocupación cómo determinadas políticas migratorias están generando tensiones económicas, culturales y sociales que muchos gobiernos prefieren ignorar por miedo al coste político o mediático.
España siempre ha sido una nación solidaria y acogedora. Lo ha demostrado durante décadas. Pero la solidaridad no puede convertirse en un modelo donde el esfuerzo de quienes han construido el país termine teniendo menos valor que las exigencias inmediatas de quienes todavía no han contribuido al mismo nivel al bienestar común.
Tal vez haya llegado el momento de recuperar una idea sencilla, pero fundamental: un país debe cuidar primero de quienes lo han levantado con su trabajo y sus impuestos. Porque sin justicia hacia los propios ciudadanos, tampoco puede existir una verdadera justicia social para nadie.
José García Martinez.