El seguro agrario en España no nació por casualidad ni por capricho administrativo. Fue una respuesta necesaria a una realidad que los agricultores conocen demasiado bien: la incertidumbre. Sequías, heladas, granizo, plagas… el campo siempre ha estado expuesto a riesgos que pueden arruinar en cuestión de días el trabajo de todo un año. Por eso, en 1978, en plena transición democrática, el Estado decidió dar un paso al frente con la aprobación de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, creando un sistema que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más avanzados del mundo.
A partir de ese momento, el seguro agrario comenzó a estructurarse de forma seria. En 1979 se creó la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para coordinar el sistema, y en 1980 nació Agroseguro, la agrupación de entidades aseguradoras encargada de gestionar las pólizas. Se estableció un modelo mixto, en el que participan el Estado —a través de subvenciones—, las aseguradoras privadas y los propios agricultores. Durante décadas, este sistema ha permitido dar estabilidad a miles de explotaciones y ha sido, sin duda, un pilar fundamental para la supervivencia del sector agrario español.
Sin embargo, lo que en su día fue un salvavidas, hoy empieza a mostrar grietas preocupantes. El seguro agrario sigue siendo útil, nadie lo discute, pero cada vez son más los agricultores que sienten que no cubre realmente las pérdidas que sufren. Las indemnizaciones, en muchos casos, no compensan ni de lejos el coste real de producción, mientras que las primas no dejan de subir. A esto se suma una sensación generalizada de que los peritajes no siempre reflejan la realidad del campo, generando desconfianza en un sistema que debería ofrecer precisamente lo contrario: seguridad.
La gran pregunta es evidente: ¿puede el seguro agrario suplir las pérdidas reales de los agricultores? La respuesta, hoy por hoy, es incómoda: no siempre. En muchos casos actúa más como un parche que como una solución integral. Sirve para amortiguar el golpe, pero no para garantizar la viabilidad económica de una explotación tras una mala campaña. Y cuando el agricultor empieza a ver el seguro como un gasto más en lugar de una herramienta de protección, el sistema entra en una peligrosa deriva.
En este contexto, también es importante entender el papel de la Política Agraria Común. La PAC no influye directamente en el funcionamiento del seguro agrario, pero sí lo hace de forma indirecta. Por un lado, condiciona la renta del agricultor, lo que afecta a su capacidad para contratar seguros. Por otro, en los últimos años ha ido incorporando instrumentos de gestión de riesgos, incluyendo ayudas para fomentar la contratación de seguros. Sin embargo, la realidad es que la PAC no sustituye al seguro agrario, ni puede hacerlo. Son herramientas complementarias, pero insuficientes si no se coordinan con una visión clara y realista del campo.
Llegados a este punto, la cuestión no es si el seguro agrario debe existir, sino cómo debe evolucionar. Si de verdad se quiere que vuelva a ser beneficioso para los agricultores, es imprescindible introducir cambios profundos. En primer lugar, ajustar las coberturas a los costes reales de producción, algo que hoy está claramente desfasado. En segundo lugar, mejorar la transparencia y la objetividad en los peritajes, para recuperar la confianza del agricultor. En tercer lugar, revisar el sistema de subvenciones para que incentive realmente la contratación y no penalice a quienes más lo necesitan.
Conviene no olvidar quién sostiene realmente el seguro agrario: el agricultor, el Estado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, las comunidades autónomas, las aseguradoras agrupadas en Agroseguro y el respaldo del Consorcio de Compensación de Seguros. Un sistema que, sobre el papel, debería proteger al campo, pero que en la práctica no siempre compensa las pérdidas reales.
La solución no pasa por cuestionar su existencia, sino por exigir su mejora. Más ajuste a los costes reales, más rigor en las valoraciones y un mayor compromiso público para que el agricultor no tenga que asumir en solitario el riesgo de producir. Porque cuando un seguro no cubre lo que se pierde, deja de ser una protección para convertirse en una carga. Y ese es el verdadero problema: que el campo está empezando a sentirse más solo que nunca, incluso cuando cree estar asegurado.
Jose Garcia Martinez