La historia jurídica y política del trasvase Tajo-Segura acumula ya numerosos recursos contra los recortes progresivos del trasvase y la imposición de nuevos caudales ecológicos vinculados al Real Decreto 35/2023 y a las nuevas reglas hidrológicas. Pero sería un error pensar que toda esta situación es únicamente responsabilidad del actual Gobierno de Pedro Sánchez. La realidad es mucho más incómoda para todos los partidos políticos.

El verdadero origen del cambio del modelo del trasvase comenzó años atrás, durante la etapa en la que María Dolores de Cospedal presidía Castilla-La Mancha. Muchos ya parecen haberlo olvidado. Fue entonces cuando empezó a construirse el marco político y jurídico que hoy está permitiendo el desmantelamiento progresivo del trasvase Tajo-Segura.

El momento clave llegó con el denominado "Memorándum del Tajo" de 2013, firmado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con la participación de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y el Ministerio de Agricultura de la época.

En aquel momento se nos vendió como un gran acuerdo histórico. Nos dijeron que aportaría estabilidad jurídica al trasvase, que evitaría decisiones arbitrarias, que fijaría reglas objetivas y que garantizaría la continuidad del sistema. Muchos en Murcia creímos que aquel memorándum suponía el blindaje definitivo del trasvase.

Hoy, viendo lo ocurrido, cada vez son más los que consideramos que aquel acuerdo abrió precisamente la puerta al escenario que padecemos actualmente.

En aquella negociación se aceptó elevar el umbral mínimo de los embalses de Entrepeñas y Buendía y se consolidaron jurídicamente los caudales ecológicos, dejando preparado el marco legal que posteriormente ha permitido los recortes progresivos del agua que llega al Levante.

De hecho, ya existían informes técnicos y voces críticas que advertían de que el verdadero problema futuro serían precisamente esos caudales ecológicos del Tajo. Sin embargo, nadie quiso escuchar.

La sensación actual entre agricultores y regantes es clara: el PSOE ha acelerado y endurecido el proceso, pero el cambio estructural comenzó mucho antes, con acuerdos impulsados también durante gobiernos del Partido Popular.

Con la llegada de Pedro Sánchez, la transformación del modelo hídrico se acelera mediante nuevos planes hidrológicos, el incremento progresivo de los caudales ecológicos y la adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la normativa europea. El objetivo final parece evidente: sustituir el agua del trasvase por agua desalada.

Y ahí es donde aparece una de las mayores mentiras que han sufrido los regantes del Levante y Andalucía.

El Gobierno aseguró que las reducciones del agua trasvasada serían compensadas con agua procedente de desaladoras. Para sostener ese discurso pusieron en marcha una enorme maquinaria propagandística anunciando ampliaciones de desaladoras, construcción de nuevas plantas, ayudas para modernización de regadíos, reutilización de aguas depuradas y nuevas conexiones hidráulicas entre sistemas.

Se prometió aumentar la producción de la desaladora de Torrevieja, construir nuevas instalaciones en Águilas y desarrollar futuras plantas en el postrasvase. Además, en 2022 el Gobierno anunció inversiones cercanas a los 3.500 millones de euros para las cuencas del Tajo y del Segura con el objetivo de garantizar esa transición antes de 2027.

La realidad actual dista mucho de aquellas promesas.

Según datos aportados por el SCRATS, las inversiones ejecutadas apenas superan una pequeña parte de lo anunciado, mientras el calendario sigue avanzando inexorablemente hacia 2027. Todo ello significa que en pocos meses el Levante podría disponer de menos agua del trasvase sin que las alternativas prometidas estén realmente terminadas ni operativas.

El resultado es devastador para miles de agricultores: menos agua, más incertidumbre y costes cada vez más elevados para mantener vivas sus explotaciones.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, desestimando el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra la revisión del Plan Hidrológico, ha incrementado todavía más la sensación de abandono y desesperación entre los regantes de Murcia, Alicante y Almería.

Y conviene dejar algo muy claro: el Supremo no ha analizado si las obras prometidas llegan tarde o si las inversiones son suficientes. El tribunal únicamente ha valorado si el procedimiento jurídico y los caudales ecológicos cumplen la legalidad vigente.

Por eso, a estas alturas, ya no sirven los discursos vacíos ni las promesas electorales. Durante demasiados años los agricultores del Levante han sido utilizados como arma política por gobiernos de uno y otro signo mientras el problema del déficit hídrico seguía agravándose.

La solución no puede seguir dependiendo de enfrentamientos territoriales ni de intereses partidistas. España necesita un verdadero acuerdo nacional del agua, serio, técnico y alejado de la propaganda política.

Es necesario mantener el trasvase, ampliar la desalación allí donde sea viable, abaratar el coste del agua desalada, potenciar la reutilización de aguas depuradas, mejorar las conexiones hidráulicas y desarrollar un auténtico Plan Hidrológico Nacional basado en criterios técnicos y no ideológicos.

Porque el agua no debería ser motivo de división entre españoles, sino una herramienta de cohesión y desarrollo para todo el país.

A pesar de todo, el campo del Levante ha demostrado durante décadas una capacidad de esfuerzo, innovación y resistencia extraordinaria. Los agricultores y regantes han convertido zonas áridas en una de las huertas más productivas de Europa, generando empleo, riqueza y alimentos de calidad para millones de personas.

Y mientras exista esa capacidad de trabajo, sacrificio y unidad, todavía habrá esperanza para defender el futuro del agua y de la agricultura en el Levante español.

José García Matinés