La normativa sobre Zonas Vulnerables en la Región de Murcia se ha ido aprobando y publicando en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con un objetivo declarado: frenar la contaminación por nitratos de origen agrario y proteger el Mar Menor. Así ocurrió con la Orden de diciembre de 2019, que designó nuevas zonas vulnerables, incluyó la masa de agua del Mar Menor y estableció medidas obligatorias como el Código de Buenas Prácticas Agrarias y el Programa de Actuación. Aquella normativa ya supuso un duro varapalo para los agricultores del entorno, con restricciones severas, aumento de costes y pérdida directa de cultivos y rentabilidad.
Desde entonces, se han publicado numerosos estudios y datos técnicos que demuestran que no era la agricultura la principal causante de la contaminación del Mar Menor, sino los vertidos procedentes de depuradoras y la enorme presión urbanística derivada de la masificación de la franja costera. Sin embargo, lejos de rectificar, en marzo de 2025 el Gobierno regional volvió a actualizar la normativa en el BORM ampliando de forma masiva las zonas vulnerables, hasta el punto de extenderlas prácticamente por todas las áreas agrícolas de la Región de Murcia.
Esta normativa destaca hoy por ser la más restrictiva de toda España en materia de nitratos. Nuestros agricultores compiten en los mismos mercados que los de otras comunidades autónomas, pero lo hacen con costes regulatorios muy superiores, con más exigencias técnicas y con un riesgo sancionador mucho mayor. El resultado es una desigualdad económica estructural que penaliza exclusivamente a los cultivos murcianos y pone en serio peligro la viabilidad de miles de explotaciones.
La nueva regulación amplía y redefine las zonas vulnerables por contaminación por nitratos de origen agrario, afectando directamente a aguas subterráneas y superficiales y, por extensión, a explotaciones agrícolas y ganaderas de amplias zonas de la Región. Entre las más perjudicadas se encuentran las áreas agrarias intensivas del sureste, con municipios y comarcas como Águilas, Mazarrón, Fuente Álamo y otras zonas de regadío intensivo, donde las exigencias de análisis de suelos, límites de fertilización y gestión de estiércoles son especialmente duras. También se incluyen zonas del Valle del Guadalentín y cuencas del Segura, como el Bajo Guadalentín, Mula, Bullas y las vegas bajas del Segura, donde la presión agrícola y la recarga de acuíferos están sometidas a un control extremo. Incluso áreas como Bullas y Cuchillos-Cabras han sido identificadas como nuevas zonas vulnerables, con consecuencias directas para la actividad agraria que allí se desarrolla.
Todos estos cambios implican criterios mucho más estrictos en fertilización, controles continuos, registros obligatorios y mayores cargas administrativas, lo que está provocando el cierre de explotaciones agrícolas y ganaderas que no pueden asumir semejante presión normativa.
Si se compara la situación de la Región de Murcia con la de comunidades como Andalucía o Extremadura, se aprecia claramente la brutal dureza con la que aquí se aplica esta normativa. En Murcia existe un riesgo sancionador muy superior, reforzado además por el Plan de Inspección 2025-2027, que intensifica la vigilancia y vincula directamente cualquier incumplimiento con la pérdida de ayudas de la PAC. En otras comunidades, las exigencias y consecuencias no alcanzan ni de lejos estos niveles.
En materia de sanciones, el panorama es todavía más preocupante. El régimen sancionador aplicable, apoyado en la Ley 3/2020 y en los códigos de buenas prácticas, contempla multas administrativas que pueden oscilar entre los 2.000 y los 500.000 euros, una espada de Damocles permanente sobre agricultores y ganaderos que ya trabajan al límite de la rentabilidad.
Para colmo, en este mismo mes de diciembre, en el portal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se anuncia que la Dirección General del Agua somete a información pública el Programa de Actuación en zonas vulnerables, acompañado del Estudio Ambiental. Eso sí, después se les dice a los agricultores que todo este asunto "está guardado en un cajón", como si no tuviera consecuencias reales ni urgentes sobre su actividad diaria.
Por todo ello, sigo afirmando que el Partido Popular de la Región de Murcia, el Partido Popular a nivel nacional y el Partido Popular en la Unión Europea continúan engañando a agricultores y ganaderos. Mucha pancarta, muchas manifestaciones y muchas fotos en Bruselas, pero a la hora de la verdad son los mismos que aprueban, mantienen y endurecen una normativa que asfixia al campo murciano y empuja a la desaparición de quienes viven de él.
José García Martínez