En un proceso histórico en una democracia occidental, Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la comisión de un delito de revelación de secretos.

Se le condena por la filtración a cierta prensa afín al Gobierno de la situación tributaria del particular Alberto González Amador, con el objetivo de contribuir al relato promovido por Moncloa cuando se destaparon los trapicheos de Begoña Gómez.

El relato iba destinado a perjudicar a quien luego se convirtió en la pareja sentimental de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Este proceso ha hecho aflorar el delictivo comportamiento del máximo garante de nuestra legalidad, que se implicó de forma injustificable en la refriega política, destruyó pruebas como un vulgar delincuente, no dimitió antes de ser juzgado, se sentó en estrados revestido de toga y puñetas, y tuvo como abogados defensores a su segunda en la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado, órganos que hubieran debido acusarle velando por el cumplimiento de la Ley.

Todo ello cuando el ministro Félix Bolaños acababa de presentar una reforma legal para atribuir la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía. También reveló el proceso el libramiento soterrado de varias batallas despiadadas.

La primera, la de dos formas opuestas de entender la Fiscalía : una sometida a los intereses del poder político y otra independiente y respetuosa con la legalidad.

El lunes 3 de noviembre, día en que comenzaba la vista, Álvaro García Ortiz, fue ovacionado por sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales en la sede de la Fiscalía General.

Como en una secuencia cinematográfica, sus colegas aplaudieron sus ilícitas filtraciones ejecutadas en cumplimiento del objetivo político de ganar el relato a una odiada rival del Gobierno.

Hay que aclarar que los aplaudidores eran subordinados de García Ortiz en la Fiscalía General convocados para el “espontáneo” aplauso por su mano derecha, Diego Villafañe, quien incluso hizo acudir a empleados administrativos.

Cabe preguntarse lo siguiente : ¿apoyan nuestros fiscales progresistas que la institución se ponga al servicio del Gobierno para atacar a rivales políticos? Llamativas resultaron durante el juicio las desavenencias entre los propios fiscales.

La segunda gran batalla aflorada en el juicio fue la de dos formas opuestas de ejercer el periodismo : los estómagos agradecidos a las prebendas del poder y los que persiguen las noticias bajo la dura independencia de la intemperie.

Ejemplo lamentable de los primeros fueron los publicadores de exclusivas gubernamentales, quienes reivindicaron la inocencia del acusado manifestando conocer al verdadero filtrador sin desvelar su nombre, acogiéndose selectivamente al secreto profesional, aunque ninguno exhibió los polémicos correos ni justificó la no publicación de un “bombazo” informativo del que manifestaban disponer desde hacía días.

Ejemplo luminoso de los segundos fue la declaración del subdirector de un periódico de gran tirada nacional cuyas publicaciones dieron lugar a la frenética reacción de la Fiscalía, y que transmitió un rigor, precisión y claridad que reivindican la auténtica labor periodística.  El juicio demostró que Sánchez no tuvo empacho en enfrentar al Estado contra sí mismo, generando un deterioro enorme en la credibilidad de instituciones antes prestigiosas como la Fiscalía o la Abogacía del Estado.

Aquí, García Ortiz ha sido el tonto útil de las obsesiones de un Presidente del Gobierno escasamente respetuoso con las reglas democráticas. Al final, ha vencido nuestra pequeña democracia.