Corría el año 2019 y la Agencia Tributaria disfrutaba de su mejor momento con el entonces ministro Cristóbal Montoro del Partido Popular y se acariciaba un nuevo récord en la recaudación, en el que por segunda vez sus ingresos netos superaban los 200.000 mil millones de euros, una cifra que se alcanzó por primera vez en el año 2018, a base de aplicar las fórmulas milagrosas de Montoro, centrando las cargas fiscales en las familias por la vía del IRPF y de los impuestos que gravan del consumo.
En aquel entonces, el último informe mensual de la Agencia Tributaria, correspondiente al mes de noviembre del 2018, se cifra en 197.853 los millones de ingresos netos acumulados en los primeros once meses del año, una cifra que superó el mismo periodo del año pasado y al anterior dejando un balance bastante esperanzador. Fue repartida la carga fiscal por aquel entonces, básicamente, con un peso cada vez mayor de los impuestos indirectos como la circulación de la riqueza, bien por actos de consumo o por actos de transmisión.
Un dato importante es el incremento de la recaudación por el IRPF, medida que se le está criticando al actual ejecutivo del PSOE, este dinero sale de los bolsillos de todos los trabajadores, sumándole un incremento a través del IVA, buena parte del cual se origina con el consumo de bienes y servicios de todos los hogares.
Ahora toca hablar de la otra cara de la moneda, que es la factura de 11.000 millones de euros que dejó en herencia el exministro Montoro, por su magistral fórmula, que el Gobierno actual de la nación, debe pagar por el cobro indebido del impuesto de hidrocarburos. Según la estimación del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, el Ministerio se enfrenta al pago de hasta 11.200 millones de euros en devoluciones por sentencias judiciales contrarias, todas ellas hacen referencia a medidas que adoptó aquel ejecutivo del Partido Popular, y en especial por las actuaciones tributarias decretadas por Montoro.
Esta acción nos deja como siempre a todos los españoles como los panolis de la UE, ya que, en un fallo del Tribunal Europeo, se considera que la legislación europea comunitaria se opone a una normativa nacional que autoriza a regiones o comunidades autónomas a establecer tipos de impuesto especial diferenciados para un mismo producto y un mismo uso en función del territorio en que se consuma fuera de los previstos a tal efecto. Esta sentencia tiene un impacto potencial de 5.800 millones de euros, abriendo a su vez una puerta a cientos de reclamaciones que en estos momentos están paralizadas a la espera de dictar sentencia.
Esta forma de gobierno por parte del Partido Popular demuestra la mala gestión con consecuencias muy nefastas que al final, como siempre, debemos pagar todos los españoles, pero aquí no termina la debacle del ejecutivo, todavía existe otro revés jurídico y es la anulación de la subida del Impuesto de Sociedades que aplicó en el año 2016, estas modificaciones fueron declaradas inconstitucionales por los topes a la compensación de bases imponibles negativas, esto obligará al fisco que dirige María Jesús Montero, a realizar devoluciones por un valor de 2.838 millones.
José Antonio Carbonell Buzzian