Hubo un tiempo en que la esclavitud no necesitaba esconderse. Se anunciaba en carteles, se subastaba en plazas públicas, se transportaba en barcos diseñados literalmente diseñados, con planos de ingeniería para apilar seres humanos como si fueran mercancía a granel. Entre los siglos XVI y XIX, se calcula que más de doce millones de africanos fueron embarcados a la fuerza hacia América; alrededor de un millón y medio murieron durante la travesía, encadenados en las bodegas, antes de ver tierra. Quienes sobrevivían llegaban a un continente donde su cuerpo, legalmente, ya no les pertenecía. Ese fue el sistema económico sobre el que se construyeron buena parte de las fortunas, las ciudades portuarias y las plantaciones que hoy visitamos como patrimonio histórico.

España no abolió oficialmente la esclavitud hasta 1886, la última potencia europea en hacerlo. Estados Unidos lo hizo en 1865, después de una guerra civil que costó más de 600.000 vidas. Y sin embargo, coincidir en que aquello fue una barbaridad es, hoy, casi unánime. Nadie defiende en público la esclavitud del siglo XIX. Ese consenso es un logro real. El problema es que ese mismo consenso nos ha dado la falsa sensación de que el asunto quedó cerrado con la firma de un decreto.

No quedó cerrado. Cambió de forma.

El racismo aprendió a no llamarse racismo

Cuando la esclavitud dejó de ser legal, no desapareció la idea que la sostenía: que hay vidas humanas que valen menos que otras, y que esa jerarquía puede organizarse en función del color de la piel, del lugar de nacimiento o de la lengua materna. Esa idea simplemente se buscó otro vocabulario. Dejó de hablar de "raza inferior" y empezó a hablar de "mano de obra barata". Dejó de hablar de "propiedad" y empezó a hablar de "flujo migratorio", "irregularidad documental" o "eficiencia de la cadena de suministro". El resultado, para la persona que está en el extremo débil de esa cadena, cambia poco.

Según el último Índice Global de Esclavitud de la organización Walk Free, alrededor de 50 millones de personas viven hoy en situación de esclavitud moderna en el mundo, una cifra que ha crecido en la última década. La Organización Internacional del Trabajo calculó que, en un día cualquiera de 2021, había 27,6 millones de personas sometidas a trabajo forzoso más de tres de cada mil habitantes del planeta, y que ese trabajo forzoso genera unos 236.000 millones de dólares anuales en beneficios ilegales para quienes lo explotan, un 37% más que diez años antes. Dos tercios de esas ganancias proceden de la explotación sexual forzada. El resto, de la agricultura, la minería, la construcción, el servicio doméstico y la industria textil que viste a medio planeta. A esto se suman 138 millones de menores en situación de trabajo infantil según el último informe conjunto de la OIT y UNICEF, 54 millones de ellos en trabajos calificados como peligrosos.

Ninguna de estas 27,6 millones de personas tiene un cartel en el cuello ni un dueño legal registrado en un notario. Por eso resulta tan fácil no verlas. La esclavitud del siglo XXI no necesita cadenas de hierro: le basta con una deuda impagable por el "viaje", un pasaporte confiscado, un contrato que nadie puede leer en su idioma o un miedo bien administrado a la denuncia. Es esclavitud sin la palabra esclavitud, y ese es, precisamente, su mecanismo de supervivencia: cuanto menos se parezca a lo que aprendimos en los libros de historia, más fácil resulta mirar hacia otro lado.

El racismo que no necesita insultar a nadie

Hay otra forma de continuidad, más silenciosa todavía, que no siempre implica cadenas ni explotación laboral: la de un racismo que ya no necesita gritar consignas para producir el mismo resultado que producía hace un siglo. Estudios de sociología laboral en distintos países europeos han demostrado, mediante envío de currículums idénticos con nombres que suenan "autóctonos" o "extranjeros", que estos últimos reciben sistemáticamente menos respuestas para la misma cualificación. No hace falta que nadie diga en voz alta "no contrato a esta persona por su origen": el sesgo actúa solo, camuflado de "no encajaba con el perfil". Es la misma jerarquía de valor humano que sostenía la esclavitud, pero convertida en un filtro de recursos humanos que nadie tiene que firmar con su nombre.

Por qué esto debería doler, no solo indignar

Es fácil leer estas cifras 50 millones, 27,6 millones, 138 millones, 236.000 millones de dólares y pasar a la siguiente noticia. Los números grandes tienen ese efecto narcótico: cuanto más enormes, menos reales parecen. Pero cada una de esas cifras es, en realidad, una acumulación de historias de una sola persona. Alguien que salió de su país prometiéndose un futuro y terminó fregando platos catorce horas al día sin cobrar, porque debía el precio del viaje. Una adolescente a la que confiscaron el pasaporte al llegar a un país que no conocía, y a la que nadie le explicó que tenía derecho a denunciar. Un niño de nueve años que hoy, mientras usted lee esto, extrae minerales a mano en una mina para que quepan en la batería de algún dispositivo electrónico.

La esclavitud del siglo XV necesitaba deshumanizar a sus víctimas para justificarse ante la conciencia de quienes se beneficiaban de ella. La esclavitud del siglo XXI hace exactamente lo mismo, solo que con herramientas mucho más sofisticadas: cadenas de suministro tan largas y opacas que el consumidor final nunca tiene que ver el rostro de quien fabricó lo que compra, y un vocabulario económico que convierte la explotación humana en una línea más de una hoja de cálculo.

Lo que sí podemos cambiar

No escribo esto para generar una culpa que no lleva a ningún sitio, que es la forma más cómoda de desactivar un problema: sentirse mal un rato y pasar página. Lo escribo porque el primer paso para desmontar cualquier sistema de explotación disfrazada es, sencillamente, negarse a llamarlo por otro nombre. Preguntar quién fabricó la ropa que llevamos puesta y en qué condiciones. Apoyar la legislación que persigue el trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales, no solo en el propio país. Denunciar cuando se detecta explotación laboral encubierta, en lugar de asumir que "algo así no ocurre aquí". Y, sobre todo, entrenar la mirada para reconocer que el racismo de hoy rara vez lleva antorcha: suele llevar traje, hoja de cálculo y un comunicado de prensa sobre "responsabilidad social corporativa".

Hace seis siglos, alguien decidió que ciertas vidas podían comprarse y venderse. Hoy nadie firma ese contrato en público. Pero mientras 27,6 millones de personas sigan trabajando bajo coacción para que el resto del mundo pague un poco menos por lo que consume, la pregunta que de verdad importa no es si la esclavitud terminó. Es si alguna vez, en el fondo, dejamos de necesitarla.

Jose Antonio Carbonell Buzzian