Opinión

Justicia a dos velocidades

La justicia, es el pilar esencial sobre el que se sostiene cualquier democracia sólida, atraviesa en España un momento de descredito profundo. No es una percepción aislada ni fruto de una coyuntura concreta, es un malestar que se ha ido gestando con los años, acumulando casos, retrasos y decisiones difíciles de comprender para la ciudadanía.

Cada vez son más frecuentes los procesos judiciales que parecen desarrollarse a dos velocidades. Por un lado, existen juicios rápidos, casi inmediatos, que recaen sobre ciudadanos comunes, donde la maquinaria judicial actúa con una eficacia incuestionable. Por otro lado, se encuentran aquellos procedimientos complejos, generalmente vinculados a presuntas irregularidades de figuras relevantes, que se prolongan durante más de una década sin una resolución clara, algunos resultan exonerados. Esa diferencia no solo genera desconcierto, sino también una sensación de desigualdad difícil de ignorar.

El paso del tiempo, en muchos de estos casos, acaba convirtiéndose en un factor determinante. Investigaciones que se alargan durante trece o más años terminan chocando con una realidad inevitable, la edad avanzada o el deterioro cognitivo de los investigados. Así, lo que en su momento parecía un proceso destinado a esclarecer hechos de gran relevancia, concluye sin juicio efectivo, dejando tras de sí una estela de dudas, frustración y contradicciones.

A ello se suma otro elemento especialmente preocupante, la perdida de pruebas, la falta de documentación concluyente o las dificultades para reconstruir hechos ocurridos años atrás. Cuando estos obstáculos aparecen, el proceso judicial se vuelve aún más complejo, y en ocasiones, prácticamente irresoluble. El resultado es una justicia que no logra cerrar casos emblemáticos, lo que alimenta la percepción de impunidad.

La ciudadanía, que observa estos acontecimientos desde fuera, no siempre entiende los matices legales o las garantías procesales que rigen el sistema. Lo que percibe es algo más simple y, a la vez, más inquietante, que algunos procesos nunca llegan a buen término, que ciertas responsabilidades se diluyen con el tiempo y que, en definitiva, no todos los casos reciben el mismo trato.

Esta percepción se agrava cuando se compara con la rapidez con la que se resuelven delitos menores. El contraste es evidente, mientras un ciudadano sin recursos puede enfrentarse a consecuencias inmediatas por una infracción simple, otros procesos, mucho más complejos y de mayor impacto social, parecen quedar atrapados en un laberinto judicial del que no hay salida.

No se trata de señalar a un gobierno concreto ni de atribuir responsabilidades a una ideología determinada. Este problema trasciende legislaturas y colores políticos. Es estructural, profundo y requiere una reflexión sería sobre el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.

La confianza en las instituciones no se pierde de un día para otro, pero sí puede erosionarse lentamente cuando la justicia deja de percibirse como igual para todos.

Y sin esa confianza, el contrato social se debilita. Porque la justicia no solo debe ser imparcial, también debe parecerlo.

España necesita una justicia más ágil, más transparente y más eficaz, capaz de resolver los casos en tiempos razonables, sin sacrificar garantías, pero también sin permitir que el paso del tiempo se convierta en un aliado de la impunidad. De lo contrario, el riesgo es claro, que la ciudadanía deje de creer no solo en la justicia, sino en el propio sistema que la sustenta.

Como el llamado tráfico de influencias, conocido tradicionalmente como “enchufe”, ha sido una constante a lo largo del tiempo y, pese a los cambios sociales y legales, continua presente y difícilmente desaparecerá por completo, siendo además una práctica de la que, en mayor o menor medida, se han beneficiado gobiernos de distinto signo político.

Si la justicia pierde su capacidad de ser igual para todos, deja de ser justicia y se convierte en un privilegio, y cuando eso ocurre, no solo se resquebraja la ley, sino la confianza de todo un país, porque una sociedad que deja de creer en su justicia empieza, poco a poco, a perderse a sí misma.

CONCHI BASILIO

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