Comprar una vivienda para vivir en ella, no es especular, no para alquilarla como inversión, se ha convertido en uno de los mayores retos económicos de nuestro tiempo. Da igual si se tienen treinta años o sesenta y dos, acceder a un casa hoy supone endeudarse durante décadas, asumir precios disparados y soportar una presión fiscal que apenas deja margen para respirar. En ese contexto, resulta legítimo reabrir un debate que nunca debió cerrarse del todo, la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF.

Sin dejar de mencionar que el límite de años para conceder una hipoteca es hasta los 75 años, con lo cual una persona que pasa de los sesenta tiene muy poco margen, y por tanto resultaría una cifra muy elevada de dinero todos los meses, como desembolso para el pago de la cuantía, que al jubilarse su pensión será también más reducida. Pero el IRPF sigue su curso de deducciones, en muchos casos, exageradamente alto para un pensionista. Ante esta problemática el Estado no pone ninguna solución. Simplemente recauda y es objetivamente catastrófico para cientos de miles o millones de jubilados.

Hasta 2013, quienes compraban su primera vivienda podían desgravar una parte de lo que pagaban cada año por ella. Aquella deducción desapareció en plena crisis económica, dentro de un paquete de reformas impulsadas por el Gobierno de entonces, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. La medida se justificó como necesaria para reducir el déficit y sanear las cuentas públicas, en un momento en el que se repetía hasta la saciedad que la ciudadanía debía "apretarse el cinturón".

Sin embargo, más de una década después, el panorama es muy distinto... y a la vez inquietantemente parecido. Los salarios siguen lejos de acompasar el precio real de la vivienda, los alquileres absorben gran parte de los ingresos familiares y comprar un piso exige un esfuerzo descomunal incluso a personas con empleo estable. Mientras tanto, el Estado continúa detrayendo cada mes entre un 10% y un 20% del sueldo o pensión en concepto de IRPF. Para alguien al que se le descuentan 500€ mensuales, eso equivale a seis mil euros al año que van directamente a las arcas públicas.

La pregunta que muchos ciudadanos formulan ya no es ideológica, sino práctica, ¿por qué no puede considerarse la compra de una vivienda para vivir como un gasto esencial susceptible de alivio fiscal? No se habla de grandes fortunas ni de operaciones inmobiliarias múltiples, sino de la primera vivienda, la que sirve de techo y de seguridad vital.

La polémica política tampoco ayuda a disipar el malestar social. Durante años, la figura de Cristóbal Montoro y determinadas actuaciones del pasado han estado rodeadas de controversia pública y procesos judiciales en curso que han alimentado la desconfianza hacia la gestión fiscal de aquella etapa. Sin entrar en juicios que corresponden a los tribunales, lo cierto es que una parte importante de la ciudadanía percibe que los sacrificios exigidos entonces no se repartieron de forma equitativa, para nada. Se pidió austeridad a los trabajadores mientras crecían los casos de corrupción que minaban la credibilidad de las instituciones.

A esa sensación se suma otro elemento especialmente sensible, la calidad de los servicios públicos. Cuando se paga una carga impositiva elevada, se espera que la sanidad, la educación, la atención social o la dependencia funcionen con solvencia. Pero muchos ciudadanos denuncian listas de espera interminables, centros saturados y recursos insuficientes. De ahí que surja una inquietud incómoda, si no vemos reflejado nuestro esfuerzo fiscal en servicios sólidos, ¿a dónde va ese dinero?

Reintroducir la deducción por vivienda habitual no resolvería por sí sola la crisis inmobiliaria, pero enviaría un mensaje político claro, el acceso a una vivienda es una prioridad social. Y debería serlo sin distinciones de edad. Quien compra su primera vivienda a los treinta merece el mismo trato que quien se ve obligado a hacerlo a los sesenta o más tras un divorcio, un desahucio o una perdida patrimonial. La necesidad de techo no caduca.

Además, una deducción bien diseñada, limitada a la vivienda habitual y con topes razonables, podría aliviar a miles de familias sin convertirse en un incentivo a la especulación. Se trataría, simplemente, de reconocer que hipotecarse para vivir no es un privilegio, sino muchas veces la única salida.

Quizá ha llegado el momento de revisar decisiones tomadas en un contexto de emergencia y preguntarse si siguen siendo justas hoy. Revertir la supresión de la deducción sería una forma concreta de devolver oxígeno a quienes sostienen el sistema con su trabajo. No se trata de regalos fiscales, sino de equilibrio, entre lo que se exige y lo que se ofrece.

Porque una sociedad que grava sin matices la necesidad básica de tener un hogar, corre el riesgo de convertir la vivienda en un lujo, cuando debería seguir siendo, ante todo, un derecho.

Porque la vivienda habitual no es un lujo, es un derecho que la ley debe volver a reconocer, por tanto, las leyes están para revertirlas. Volver a desgravar por una vivienda habitual, es lo más lógico y normal, teniendo en cuenta los problemas que actualmente se están produciendo, en cuanto al derecho a un techo.

CONCHI BASILIO