Decía el actor norteamericano Groucho Marx que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Una frase que encaja a la perfección con lo ocurrido en la Asamblea Regional el pasado miércoles 14, cuando el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción instando al Gobierno de España a revisar el Plan Hidrológico del Tajo-Segura y a suspender la entrada en vigor del nuevo caudal ecológico de 8,6 m³/s prevista para este año.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Vox registró una enmienda de adición con varios puntos que pretendían complementar la propuesta inicial. Entre ellos, reformar la normativa sobre caudales ecológicos para fijar criterios homogéneos en todas las demarcaciones hidrográficas, mantener el caudal mínimo de 6 m³/s recogido en la legislación del Trasvase como único caudal inalterable y corregir la falta de concordancia entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura en el próximo ciclo, reconociendo el déficit estructural de esta cuenca.
Si se analizan ambas iniciativas con un mínimo de honestidad intelectual, resulta evidente que PP y Vox persiguen el mismo objetivo. La diferencia no está en el fondo, sino en los matices y en la forma de plantearlos. Sin embargo, esa diferencia, perfectamente salvable, acabó convirtiéndose en un muro infranqueable. El PP rechazó incorporar las enmiendas de Vox y Vox, en consecuencia, no apoyó la moción del PP.
El resultado es demoledor. La imagen que sale de la Asamblea Regional ante los agricultores, que no entienden de tacticismos ni de cálculos partidistas, es la de dos partidos incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar siquiera una moción en defensa del sector agrario. Una imagen de división estéril cuando más falta hace la unidad.
Alguien llegó a justificar lo ocurrido calificándolo como un simple "brindis al sol", como si todo dependiera de Madrid y nada tuviera verdadera importancia. Pero la situación actual del sector primario no admite frivolidades. La presión del Gobierno de la nación, las exigencias que llegan desde Bruselas y acuerdos como el tratado con Mercosur no son gestos simbólicos: son amenazas reales que ponen en juego el futuro de quienes nos dan de comer.
No se trata de un debate menor ni de una escenificación parlamentaria. Está en riesgo el modo de vida de millones de familias, en la Región de Murcia y en toda Europa. Y en este contexto, la falta de unidad entre partidos que se dicen defensores del campo es un lujo que no podemos permitirnos.
El debate parlamentario recordó, inevitablemente, a aquella escena de Una noche en la ópera en la que los hermanos Marx desmenuzaban un contrato hasta quedarse sin papel. Algo muy parecido ocurrió en la Asamblea: tanta discusión terminó por vaciar de contenido cualquier mensaje útil para los agricultores.
Ambos partidos saben que existe una sentencia judicial que obliga a aplicar de forma inmediata los caudales previstos para 2027. Ambos saben también que esta situación no cambiará sin un cambio de Gobierno en España. Y, aun así, prefieren enzarzarse en disputas internas mientras el sector agrario pierde competitividad frente a terceros países que reciben inversiones millonarias y compiten sin las mismas exigencias medioambientales ni sociales.
Ha llegado el momento de dejar a un lado las diferencias secundarias, centrarse en lo que une y ofrecer una imagen de unidad real. No para salvar siglas ni estrategias, sino para defender con seriedad a un sector que se desangra mientras la política se entretiene en debates estériles.
Como dijo Adolfo Suárez, "la política es servir a los demás, no servirse de los demás". Quizá convendría recordarlo más a menudo.
José García Martínez