El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Ese mismo día, o muy poco después, en cada gasolinera de España una pantalla digital empezó a subir. No de golpe, que eso habría sido demasiado evidente. Poco a poco. Con la cadencia tranquila de quien sabe que nadie va a pedir explicaciones.
Y nadie las pidió. Ni los de un lado ni los del otro. Porque en esto de mirar hacia otro lado, los políticos españoles llevan décadas siendo un equipo de primera.
Pero hay un dato que nadie mencionó. Ni el Gobierno. Ni la oposición. Ni los que gobernaban antes ni los que gobiernan ahora. Un dato que estaba ahí, en un boletín oficial, firmado por todos y cumplido por todos, sin que nadie lo usara para hacer la pregunta obvia.
El artículo 50 de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos fija la cantidad mínima de existencias de seguridad en 92 días de las ventas o consumos del año anterior. Noventa y dos días. Tres meses. De ese total, 42 días los gestiona la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos CORES y los 50 días restantes los mantiene la propia industria petrolera. (Greenpeace Spain)
Traduzca eso al castellano de la calle: cuando estalló la guerra, España tenía gasolina almacenada para abastecer a cada coche, cada camión y cada calefacción del país durante tres meses seguidos. Sin importar ni un solo barril del exterior. Sin depender de nada ni de nadie. La ley lo exigía. La industria lo cumplía. El Estado lo verificaba.
¿Y entonces por qué subió la gasolina?
Buena pregunta. Lástima que ningún partido político se molestara en hacerla en voz alta.
Porque si alguien del Congreso da igual el color, que en esto el arcoíris es unánime hubiera levantado la mano y preguntado: "Oiga, ¿cómo es posible que el precio suba por falta de suministro si la ley garantiza 92 días de stock?", la respuesta habría sido complicada de explicar. Muy complicada. Del tipo que incomoda a mucha gente con mucho dinero y muchos despachos en Madrid.
Nadie levantó la mano.
En el marco de una acción coordinada con la Agencia Internacional de la Energía, el Gobierno redujo temporalmente la obligación de existencias mínimas hasta los 86,4 días, frente a los 92 habituales. O sea: el propio Estado reconoció que sobraba colchón. Que había tanto combustible acumulado que se podía bajar el mínimo legal y seguía habiendo de sobra. Y aun así, los precios no bajaron. Siguieron subiendo.
Qué casualidad tan enorme.
El mecanismo es viejo y funciona bien: se produce un acontecimiento dramático una guerra, una pandemia, un temporal y en ese momento de conmoción colectiva, cuando la gente está asustada y pendiente de otra cosa, los precios se mueven. Rápido. Sin que nadie pregunte demasiado. Y cuando pasa el susto y alguien empieza a hacer las cuentas, ya es tarde. El precio nuevo es el precio normal. La excepción se ha convertido en la regla. Y tanto el Gobierno que lo permitió como la oposición que no dijo nada se dan la mano en el hemiciclo y hablan de diálogo y de consenso.
El consenso, en este país, siempre llega cuando hay que callar.
España tenía 92 días de gasolina. La guerra duró, en términos de impacto real sobre el suministro español, aproximadamente cero días. Los precios subieron igual. Y todo el arco parlamentario miró al horizonte con esa expresión de profunda preocupación que tan bien dominan.
La próxima vez que haya una crisis, ya saben lo que toca: llenar el depósito antes de que suban las pantallas. Y no esperar que nadie del Congreso les explique por qué suben.
No es su trabajo. O quizás sí, pero hace mucho que dejaron de hacerlo.
Jose Antonio Carbonell Buzzian