Ante la falta de acuerdos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el actual Ejecutivo ha optado por prorrogar las cuentas vigentes, una decisión que debería despertar sospechas sobre su verdadero propósito. ¿Se trata de una imposición por falta de apoyos parlamentarios o es una estrategia calculada para gobernar con mayor flexibilidad a través de decretos? Más allá de los tecnicismos, la ciudadanía se debería preguntar hasta qué punto los políticos están dispuestos a anteponer sus propios intereses al bienestar de nuestro país.
La incapacidad de lograr consensos en el Congreso ha llevado al Gobierno a prorrogar los presupuestos actuales. Esta situación, aunque no inédita, supone una limitación en la capacidad del Ejecutivo para efectuar políticas y adaptarse a los desafíos económicos del momento. Sin embargo, también abre la puerta a una gobernanza basada en decretos-leyes, lo que está permitiendo esquivar el debate parlamentario en muchas cuestiones.
El bloqueo parlamentario es, en gran parte, una consecuencia del juego político en el que cada partido busca imponer su agenda en lugar de negociar en beneficio de la ciudadanía. Esta parálisis genera incertidumbre y desconfianza en la sociedad, que está viendo sucesivamente como la política se convierte en una lucha de poder en lugar de una herramienta para el progreso de un país que se va a pique.
El uso estratégico del decreto-ley es un mecanismo constitucional que permite al ejecutivo legislar de forma rápida ante situaciones de urgencia. En un contexto de presupuestos prorrogados se convierte en la vía principal para implementar medidas sin depender del respaldo parlamentario necesario para unos nuevos PGE. De hecho en los últimos meses, el uso de decretos ha ido en aumento, consolidando una tendencia que reduce el papel legislativo.
Aunque esta herramienta está pensada para momentos de crisis, su uso excesivo está debilitando el sistema democrático, este abuso desmedido se esta convirtiendo en una forma encubierta de gobernar sin consensos, priorizando la comodidad del Ejecutivo sobre el debate y la transparencia. Más allá del debate entre partidos la sociedad percibe que los dirigentes están más preocupados por sus estrategias de poder que por resolver los problemas reales de los ciudadanos.
Mientras la pantomima de que el debate político sigue abierto, la economía y los servicios públicos están resintiéndose. Sin nuevas partidas presupuestarias, se limitan inversiones y la capacidad de respuestas ante imprevistos económicos. Además, los sectores mas afectados, como sanidad, educación, podrían ver frenadas reformas y mejoras necesarias.
Conclusión: Un escenario preocupante para nuestra democracia, mientras el Gobierno insiste en que la prorroga es una consecuencia de falta de consensos, los ciudadanos se están empezando a dar cuenta de que es una estrategia para eludir el control parlamentario. Si los políticos realmente tuvieran la voluntad de priorizar el bienestar de la sociedad, encontrarían formas de llegar a acuerdos en lugar de aferrarse a tácticas que les benefician a nivel electoral. La clave estará en ver hasta donde se extiende esa situación y si, finalmente, el Ejecutivo opta por negociar unas nuevas cuentas o sigue gobernando a golpe de decretos, sin rendir cuenta ante los ciudadanos que, en ultima instancia, son los que sufren las consecuencias de las decisiones espurias de los políticos.
José Antonio Carbonell Buzzian