España es un país totalmente abierto. Una democracia plena, aunque todo sea mejorable, gracias a unas leyes garantistas que nos permiten vivir en total libertad. Me da igual lo que algunos digan. Están totalmente equivocados, al menos en mi opinión. Basta coger un libreto de la Constitución del 78, esa versión resumida apta para los que no somos juristas, para verlo con total claridad.  Somos un país equiparable a todos los del entorno de la Unión Europea, con una ventaja añadida, nuestro solecico y nuestras playas que nos hacen aún un poquito mejor. Leer la Constitución es un gusto, lo recomiendo. Se ve aún mejor la suerte que tenemos de vivir aquí.

El artículo 20 es, por deformación profesional, uno de mis artículos favoritos. Es el que regula la libertad de expresión. El que garantiza que podamos “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Ningún tipo de censura previa puede regir. Los españoles y todos aquellos que conviven con nosotros en territorio español somos libres.

La Constitución del 78 busca el mayor bien común. Busca garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos que vivimos en España. Está basada en otras normas europeas y busca constituir un Estado social, democrático y de derecho.

Pero la libertad de expresión, como el resto de derechos, tiene unos límites. Está limitada por el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Todos tenemos que respetar estos límites, especialmente los periodistas o cualquier persona que publique su opinión. Nosotros podemos incurrir en delitos incluso de tipo penal. Dedicarse al mundo del espectáculo, aunque sea haciendo rap, no excluye de cumplir las leyes.

Lo que está pasando esta semana en algunas ciudades españolas es del todo incomprensible. Arden calles en Madrid, Barcelona, Granada, Valencia…. Queman vehículos de gente decente, trabajadora, asaltan negocios, roban las cajas registradoras, etc… y todo esto bajo la absurda justificación de defender la libertad de expresión. El famoso rapero al que aseguran defender, no es un pobre hombre víctima de libertad. Es un delincuente habitual, un hombre antisistema que lucha con violencia por acabar con nuestra democracia. No entiendo que ninguna persona decente justifique este horror. (quizás si la moto quemada o el coche fuera suyo cambiarían de opinión). Este rapero no sólo ha saltado todos los límites del artículo 20, sino que agrede periodistas mojándoles con ácido, agrede y amenaza de muerte a testigos en un juicio… vamos como decimos los totaneros: “una joyita”.

Lo fuerte es que estos vándalos actúen impunes. Creo que la sociedad en general tenemos que exigir a nuestros políticos que pongan freno de inmediato a esta barbarie. No puede ser que nuestros propios representantes en el Congreso o en las asambleas regionales, defiendan este desmán. Deberían dejar que las fuerzas de seguridad del estado hagan su trabajo. Tenemos que defender a los vecinos decentes que ven como rompen sus escaparates, roban en sus tiendas o queman sus motos o coches. Tenemos que exigir el fin de todo esto. Si eso pasa por algunos ceses, el presidente del Gobierno, tendría que cesar a quienes apoyan y justifican a estos delincuentes. No podemos permitir que estén en el gobierno aquellos que quieren acabar con nuestro sistema. Es como volver a caer en la trampa del caballo de Troya.

Espero que el presidente del gobierno cumpla con su obligación de mantener el orden en España. Supongo que Pedro Sánchez estará conmigo en que perjudicar a la gente trabajadora, quemar las calles y agredir a la policía no es nada progresista.

Manoli Cánovas
Periodista y licenciada en Historia