Mañana sábado, día 25 de septiembre, se celebra, en el Hotel Santos Nelva, el VII Congreso de COAG-IR Murcia, la organización más representativa del sector agrario Murciano. Al acto acudirán delegaciones de agricultores y ganaderos de todas las comarcas de la Región de Murcia, que consolidarán la redacción final de una extensa ponencia que analiza el sector agrario de nuestra Región.

En esta Asamblea se conocerá al nuevo Presidente de COAG-IR, que será elegido en el Congreso y que liderará, en sustitución del actual presidente -Miguel Padilla Campoy- las necesarias transformaciones que requiere este sector clave de la economía murciana, y esencial para la producción de alimentos, la vertebración territorial, el desarrollo rural y la sostenibilidad de nuestros entornos naturales. En la clausura intervendrá Antonio Luengo Zapata, Consejero de Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. El candidato a la Presidencia de COAG-IR es el caravaqueño José Miguel Marín, actual vicepresidente de la organización.

LUGAR: HOTEL SANTOS NELVA (Av. del Primero de mayo, 5, 30006, Murcia).

DÍA Y HORA: Mañana, 25 de septiembre, a las 13.00 horas. (Se podrá tomar imágenes de recurso de la sala con carácter previo a la clausura). Se prevén declaraciones del Consejero y del nuevo Presidente de COAG a la entrada, a las 12:45 horas.

INTERVENDRÁN: El nuevo Presidente de COAG-IR Murcia y Antonio Luengo Zapata, Consejero de Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

El sector agroalimentario de la Región aporta en su conjunto el 20% del Producto Interior Bruto. Con una extensión agraria útil de 411.700 hectáreas, 92.000 personas del régimen especial agrario por cuenta ajena y a unos 16.000 del régimen general, la base de este motor de la económica murciana es la actividad productiva que desarrollan los agricultores y ganaderos murcianos.

Los agricultores y ganaderos murcianos han demostrado que es un colectivo capaz de mantener un suministro estable de alimentos de gran calidad, seguros, diversos y asequibles para el conjunto de la ciudadanía. La seguridad alimentaria europea se ha demostrado que es una realidad. Incluso algunos países y responsables políticos e institucionales están proponiendo la soberanía alimentaria Europea como estrategia de futuro, algo que nuestra organización viene planteando desde hace décadas.

Paradójicamente, a pesar de todo lo que ofrece a la sociedad, nuestro modelo de agricultura se encuentra debilitado y en riesgo, con descensos en la renta agraria, desmantelamiento de la actividad productiva en amplios sectores y territorios; donde existía una gran incorporación de jóvenes, hoy, asistimos al envejecimiento y el abandono.

En los próximos años, el modelo social y profesional de agricultura se enfrentará a nuevos desafíos y exigencias adicionales que COAG-IR pretende afrontar. La agricultura deberá garantizar:

En primer lugar, el derecho a una alimentación sana para todas las personas, ante una población global creciente y mercados más volátiles, es decir, la seguridad alimentaria.

En segundo lugar, todo esto deberá hacerlo de forma sostenible, preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a sus adversos efectos en la producción).

En tercer lugar, deberá ser más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y especialmente, en el caso de la energía, a fuentes renovables.

En cuarto lugar, deberemos hacer frente a los procesos de integración de la cadena alimentaria y la implantación de macro explotaciones en manos de grupos de inversión que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo que amenaza la continuidad de la explotación agraria profesional independiente.

COAG-IR considera que el gran reto de la nueva PAC será la preservación y fortalecimiento del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa, de una agricultura con agricultores y agricultoras. Ante estos retos ambiciosos resulta incomprensible un recorte de los fondos agrarios, que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo, aprobado por el Consejo Europeo, en un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos.

En este contexto COAGMURCIA reivindica y exige:

Unos precios justos y unas rentas dignas para las gentes del campo. En caso contrario no hay sostenibilidad. Para ello han de abordarse el reequilibrio de la cadena de valor y la competencia con terceros países, no únicamente el mejor reparto de las ayudas. Igualmente, será fundamental contar con mecanismos de gestión y regulación de mercado que afronten las situaciones de crisis, bien dotados y financiados al margen de las ayudas directas. Asimismo, habría que recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias.

Un abanico de actuaciones en lo que concierne a los costes de producción, cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos lustros. En este aspecto es imprescindible apoyar inversiones para reducir la dependencia energética de las explotaciones agrarias y favorecer el uso de energías renovables y también para avanzar en la transformación digital de las explotaciones agrarias. La transformación digital es un gran reto para el sector agrario, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación, que en última instancia puede provocar una fuerte reconversión. En COAG-IR tenemos claro que, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de situar a los habitantes del medio rural en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. Para ello es imprescindible garantizar un uso democrático y social de las nuevas tecnologías.

Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria. La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores.

El valor que aportan a la economía los tres pilares básicos de la Cadena Alimentaria (agricultura, industria y distribución) está equilibrado, en torno a un tercio cada sector, sin considerar a estos efectos los bienes públicos que a mayores aporta el sector agrario, en cuanto a sostenibilidad territorial y medioambiental. La relación entre dichos eslabones está totalmente desequilibrada, con evidentes posiciones de dominio, desigualdades y abusos en el poder de negociación, prácticas abusivas, etc. que producen graves distorsiones en el mercado, comprometen las rentas y el futuro del eslabón más débil, el sector agrario, y no garantizan la debida transparencia a los consumidores.

El sector de la agroalimentario es España atraviesa una época de bonanza con cifras macroeconómicas de récord en los últimos años. Sin embargo, a pesar de las grandes cifras de producción (valor de la producción en Murcia 2.803,5 millones de euros) exportación, etc. a los agricultores y ganaderos no les va bien:

Mientras en 2007 había una superficie de frutas y hortalizas de 1.462.000 ha con 215.000 como titulares de explotaciones hortofrutícolas, en 2016 para un área en producción aún mayor, 1.594.000 ha, había sólo 172.000 titulares, según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, en 10 años mientras el sector había perdido un 20% de activos, la superficie había crecido en más de 130.000 ha, un 9%.

El valor de lo que producimos no llega a quienes lo producimos. La cadena no genera valor para el agricultor, más bien lo destruye con la intención de hacer desaparecer a las explotaciones familiares: nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento. La rentabilidad no asegura el relevo generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del medio rural.

Frente a 933.059 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2019), la distribución comercial, está fuertemente concentrada: los seis primeros grupos de distribución comercial concentran el 53,2% de la cuota de mercado en España.

Los agricultores estamos afrontando una presión sostenida en el seno de una cadena alimentaria desequilibrada, que deja importantes márgenes en eslabones que no son el productor agrario, que se ve presionado para sacar a cualquier precio sus producciones. Los eslabones favorecidos en esa dinámica (proveedores de insumos, corredores, intermediarios, mayoristas, exportadores, minoristas…) acumulan capitales a costa del agricultor y del consumidor.

Además, comienzan a verse procesos de integración toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor. En esta situación de integración, los agricultores y ganaderos nos podemos ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena y convertidos en meros maquileros, con riesgo además de ser automatizados.

La renta total disponible para el sector agrario continúa en una senda de descenso. La renta agraria, en términos reales, está un 12,5% por debajo de los niveles de 2003. La tendencia de los costes de producción, medida a través de los consumos intermedios, va en alza durante todo el periodo, alcanzando en un nuevo récord en 2020 y con un incremento del 31,2% en 10 años y del 76% en los últimos 20. Por ello, se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones que permitan revertir la situación y mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos.

Este contexto resta atractivo al sector, COAG-IR recuerda que son absolutamente imprescindibles las políticas para posibilitar el relevo generacional (priorización de ayudas, formación integral, sistemas de acceso a la tierra…), que permitan la jubilación adecuada de los agricultores de más edad, así como las políticas que persigan eliminar la brecha de género e incentiven la entrada de agricultoras y ganaderas.

Finalmente, es necesario recordar que buena parte de la agricultura murciana está ligada al regadío y, por tanto, debe ser defendido y protegido, al ser compatible con la sostenibilidad ambiental, favorecer la creación de empleo y evitar la despoblación del medio. Como fundamento de la posición estratégica de nuestra Organización, la política de regadíos tiene que ir indisolublemente ligada a la política de desarrollo rural y, por tanto, a la fijación de la población al territorio; al desarrollo socioeconómico que permita equiparar las rentas de las zonas rurales a la de las zonas urbanas; a la sostenibilidad del medio ambiente, merced a la labor de una agricultura respetuosa con el mismo, dirigida al modelo de agricultor prioritario, generalmente definido por esta organización agraria, que se mantiene durante varias generaciones, frente al modelo de capital riesgo especulativo, que tiene una duración de pocos años, esquilmando al máximo los recursos disponibles, sin asentar población al medio rural, debido a su objetivo principal de maximización de beneficios, produciendo la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible.