Se trata de medidas de apoyo a las familias vulnerables para fortalecer la seguridad del hogar y garantizar su permanencia en el mismo
La Comunidad Autónoma y el Colegio Notarial de Murcia fijan una tarifa plana a más de 650 familias para los gastos de escritura de las viviendas sociales con el fin de facilitar la adquisición de la vivienda social en la que residen durante décadas en régimen de alquiler social y darles herramientas para abandonar su situación de vulnerabilidad.
La tarifa plana tendrá un valor inferior a los 100 euros por vivienda, lo que supone la cuarta parte de los gastos ocasionados por la compra de una vivienda libre. Asimismo, las familias están exentas del pago de las transmisiones patrimoniales por la adquisición del hogar, que ascienden al ocho por ciento del valor de la vivienda.
Así lo acordaron hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y el decano del Colegio Notarial de Murcia, Pedro Martínez, tras mantener una reunión para establecer un procedimiento ágil y sencillo al escriturar la propiedad de las viviendas sociales por las familias.
Asimismo y dada la urgencia generada por la crisis del coronavirus, el Gobierno regional y el Colegio han establecido un procedimiento ágil para adquirir de manera rápida la propiedad de los hogares sociales y destinar el dinero del alquiler a otras necesidades más urgentes causadas por la pandemia.
El objetivo prioritario de esta iniciativa, explicó el consejero, es "prestar un apoyo importante a las familias más humildes para fortalecer la seguridad del hogar y garantizar su permanencia en la vivienda para combatir el impacto de la crisis del coronavirus".
El consejero destacó que esta medida pretende actuar como un 'ascensor social' para que las personas más vulnerables puedan abandonar esa situación y mejorar la posición económica familiar.
La medida se aplicará a las familias que vivan en una vivienda social durante 25 años o más y a aquellas que residan al menos una década en las mismas y sean familias numerosas, familias monoparentales, familias con personas con discapacidad, mayores de 65 años, mayores de 50 años parados de larga duración, víctimas de violencia machista o del terrorismo.