La Generalitat valenciana ha conseguido desbloquear tramos ordinarios y extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por el que ha recibido más de 900 millones de euros en facturas pendientes de pago que se abonarán antes de final de año, según informa El Confidencial.
Sin embargo, su situación financiera sigue en estado crítico. De acuerdo con el informe de fiscalización anual de la Sindicatura de Cuentas, la Comunidad Valenciana tienen un patrimonio neto negativo de 25.419 millones de euros y un Fondo de Maniobra Negativo de 10.078 millones de euros a cierre de 2015.
UPYD desea poner de manifiesto que el problema de la financiación autonómica no es otra cosa que un problema nacional, puesto que afecta al conjunto de ciudadanos que conviven en la comunidad política constitucionalmente vigente: es decir, España. Según el partido magenta, no se trata, por tanto, de analizar los agujeros de déficit de cada CCAA como un problema diferente y diferenciado del de los del resto del Estado, sino, precisamente, escapar de la peligrosa retórica de los agravios y las balanzas fiscales y fomentar la solidaridad interterritorial y entre ciudadanos.
Para acometer el verdadero debate pendiente de la financiación autonómica, UPYD considera "imprescindible" comenzar por eliminar el concierto económico vasco y navarro, y oponerse firmemente a cualquier propuesta de pacto fiscal para Cataluña o cualquiera otra región, puesto que el objetivo de todo sistema de financiación no puede ser el de acomodar a quienes pretender seguir obteniendo privilegios políticos del conjunto del país, sino el de preservar la solidaridad y la igualdad de todos y entre todos.
Guillermo del Valle, miembro del Consejo de Dirección y adjunto al área de Programa y Acción Política de UPYD, considera que no es "admisible ni de recibo" que persistan en nuestro país regímenes fiscales privilegiados como el concierto económico vasco y el convenio navarro. "No debemos conformarnos con un análisis acomplejado y acomodaticio frente a los insaciables nacionalistas, propugnando una mera revisión parcial del sistema de cálculo del cupo vasco, sino que hemos de enfrentar el problema con claridad y sin eufemismos: los sistemas de financiación especial o privilegiada no tienen cabida en un Estado moderno y solidario puesto que siempre son en perjuicio de los ciudadanos que residen en regiones menos prósperas", asegura.
En el caso concreto de Valencia, UPYD recuerda que lo que los gobiernos autonómicos han de aplicar políticas concretas de carácter progresista que mejoren el bienestar y las condiciones de vida del conjunto de ciudadanos, no sólo de unos pretendidos e inexistentes nativos de la parte concreta del país que gobiernan, sino en definitiva del conjunto de ciudadanos del Estado de derecho, porque todo gobierno autonómico no deja de ser representante de unas determinadas instituciones del Estado común. garante de nuestra ciudadanía compartida.
En cualquier caso, el partido magenta aboga por priorizar en todo caso las necesidades sociales de los más débiles de la sociedad y proteger el gasto social y productivo. "La política de austeridad que debe aplicarse tiene que ser, por tanto, selectiva y focalizada en las empresas públicas que funcionan como agencias de colocación, así como en todos aquellos entes superfluos y duplicados que, lejos de prestar verdaderos servicios a los ciudadanos, no sirven más que como vías de escape de nepotismo, corrupción y amiguismo del sistema partitocrático", reflexiona Del Valle.
UPYD también defiende que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) tenga un carácter finalista, cosa que no se ha cumplido en los últimos tiempos en España. "No puede servir para financiar estructuras de Estado ni en Cataluña ni en ninguna otra CCAA; no puede servir de peana para alimentar el relato identitario o como un centrífugo, sino que ha de implementarse para sufragar la sanidad pública, los servicios sociales y el gasto productivo que mejore las condiciones de vida de todos y, en especial, de los más débiles", sentencia Del Valle.