La sentencia del Tribunal Supremo ratificando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulaba el Plan General Municipal de Cartagena desacredita a los responsables de urbanismo del Ayuntamiento costero y a su alcalde, y brindan una nueva oportunidad para un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente y las personas.

El Tribunal Supremo declara que la nulidad alcanza a la posterior Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 17 de julio de 2012, relativa a la toma de conocimiento del texto refundido de la revisión del PGOU al considerar que la misma no puede subsistir si se anula la norma que le servía de fundamento y a la que se encuentra inescindiblemente unida. Precisamente, ANSE había recurrido dicha Orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque el recurso fue rechazado.

El alcalde de Cartagena se negó a aceptar las sucesivas peticiones de ANSE para reiniciar el Plan General, y llegó a calificarlas de "capricho", nombrando como Director General de Urbanismo a quien fuera máximo responsable del Plan General fallido durante varios gobiernos anteriores, a pesar de las enormes deficiencias del mismo.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) había pedido por escrito y en entrevista con el alcalde de Cartagena que el Ayuntamiento no recurriera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino que elaborase un nuevo Plan con una nueva exposición pública.

La organización recuerda que el TSJ anuló la aprobación definitiva del plan urbanístico, de diciembre de 2011, por las "graves deficiencias de fondo del documento que ordena los usos del suelo en el municipio de Cartagena", y obligaba a "revisar en profundidad" el documento.

Para ANSE, esa sentencia "no debió de ser recurrida", tal y como hizo el consistorio, y debió de haber aprovechado la "nueva oportunidad a todos los cartageneros para plantear un modelo territorial, un nuevo PGOU, que apostase por la sostenibilidad ambiental, económica y social".

La organización defendió que se elaborase ese nuevo plan con "un mayor diálogo y participación a nivel político y ciudadano", y con "un mayor respeto y cumplimiento de las normas que protegen los recursos y derechos".

El plan anulado por el TSJ, "rebajó la protección del suelo en la ribera Sur del Mar Menor consolidando el desarrollo urbanístico de Novo Carthago, incluyó suelos urbanos en Cala Reona y bosque de Atamaría, no aportó información cartográfica fundamental sobre hábitats naturales, riesgos ambientales e infraestructura diversas, y no incluyó suelos protegidos fuera de los que estaba obligada por la normativa europea y autonómica".

"Todas estas y otras muchas deficiencias fueron informadas negativamente por la misma Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma", y habían sido expuestas en las alegaciones presentadas por ANSE.