La encargada de defender la iniciativa, María Giménez, ha resaltado que la imposición de estas tasas, por parte del PP en 2012, "tocó claramente el alma del sistema, dejando, como siempre, a los más débiles fuera de él".

"No podíamos quedar ajenos ante la flagrante injusticia que supone la actual regulación de las tasas judiciales respecto a las pequeñas y medianas empresas, más del 90% de nuestro tejido productivo, y ONG'S" ha señalado Giménez, quien ha añadido que la Ley de Tasas "creó un problema donde antes lo había, se construyó premeditadamente una barrera económica que afecta a toda la ciudadanía, pero muy especialmente a las clases medias y por supuesto a las más vulnerables, dado que no tenía en cuenta la situación económica del justiciable".

La parlamentaria de Giménez ha aclarado que la Ley de Tasas no aportó nada más que una voluntad "disuasoria y recaudatoria, nada más lejos de lo que debe ser un servicio público, coartaba a la ciudadanía a ejercer su derecho a reivindicar la tutela judicial efectiva".

Asimismo, ha animado a los diputados y a los murcianos y murcianas a que piensen en la cantidad de ocasiones que ONG'S y colectivos ecologistas han acudido a los tribunales de Justicia "en defensa de intereses colectivos y se han podido ver apartados del acceso a la justicia, por no poder afrontar, en la mayoría de los casos, el pago de las tasas judiciales".

Giménez ha recordado que para una Pyme reclamar una deuda de 25.000 euros le supone pagar una tasa de unos 450 €. Si además tiene "la mala suerte" de perder en primera instancia, y quiere recurrir, se ve obligado a pagar 950€más.

La diputada de Podemos ha afirmado que el grupo parlamentario lo que reclama con esta moción es que la justicia "sea igual para todos y que las tasas, que supuestamente iban a invertirse en la justicia gratuita, se usen para revertir una situación que lo único que ha hecho es poner barreras económicas a los que menos tienen".

Por último, María Giménez ha incidido en que el acceso a la justicia no puede depender de la situación económica o posición social de las personas y tras la aprobación de la Ley de Tasas por el ministro Gallardón en 2012 "no había nada más que una voluntad recaudatoria para laminar uno de los pilares básicos de cualquier Estado Social, Democrático y de Derecho, pues esta reforma coartaba a la ciudadanía a ejercer su derecho a reivindicar la tutela judicial efectiva".