El grupo municipal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia va a presentar una moción al próximo Pleno por la que solicita el apoyo de la Corporación al recurso de inconstitucionalidad que han promovido once partidos de la oposición a la ley de bases de régimen local del Gobierno.
Así lo ha anunciado hoy el concejal de la formación José Ignacio Tornel, quien ha explicado que la ley se planteó a partir de un "récord" de enmiendas por parte del propio PP, y ha sido "muy discutida" hasta el punto de que alcaldes de ese partido se han mostrado "beligerantes" con la misma.
Según Tornel, la ley, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, elimina la capacidad de las comunidades autónomas para regular a los municipios de su territorio, vulnera principios básicos de la autonomía local y restringe los principios propios de la democracia municipal.
Ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad responde a un acuerdo sellado por once partidos de la oposición para que 3.500 ayuntamientos de todo el país que representan a 15 millones de habitantes lo presenten.
"Es fundamental que estos ayuntamientos se hayan unido", ha subrayado Tornel, quien ha apuntado que Mula, Mazarrón y Calasparra también se han sumado, y en Murcia "intentaremos que el PP vote en contra de la reforma y acudiremos a razones que los alcaldes de ese mismo partido han puesto sobre la mesa".
Por su parte, la portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha indicado que la ley podría llamarse "antiayuntamientos" porque sus efectos son muy negativos y van a cambiar la vida municipal.
Herguedas ha asegurado que la moción de su grupo también solicitará que "empiecen a clarificarse las cuestiones relativas a la aplicación de esta ley en el municipio de Murcia", porque "además de inconstitucional es una auténtica chapuza de carácter jurídico".
A modo de ejemplo, ha señalado que el Gobierno central está enviando circulares sin valor normativo a los ayuntamientos con interpretaciones de la norma.
"En la actualidad, servicios municipales básicos que están desarrollando competencias que ahora quedan en entredicho con la ley, están paralizados porque desde la intervención del Ayuntamiento se ha dado orden de que no se haga ningún tipo de pago, contratación o actividad que suponga desembolso económico".
La portavoz de IU-Verdes ha argumentado que la ley restringe competencias propias de los ayuntamientos en servicios sociales, sanidad y educación, así como limita las relacionadas con la vivienda, el empleo, la juventud, la cooperación al desarrollo o el consumo.
Ha puesto de relieve la "ambigüedad" existente en torno a la aplicación de la reforma, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "no tener ni idea" de lo que representa la administración local como la administración más cercana al ciudadano y "pieza clave del sistema institucional".
En este sentido, ha puesto como ejemplo la situación de un edificio de la calle Huerto Gambín al que Iberdrola cortó la electricidad, y fue el Ayuntamiento el que resolvió el problema. "En el momento en que estas competencias no las tenga el consistorio va a ser imposible atender este tipo de situaciones".
Ha señalado que, pese a las "dudas" provocadas por las "ambigüedades e imprecisiones" de la ley, el Gobierno Regional "no ha dicho absolutamente nada".
"A lo largo de este año se tienen que redefinir todos los convenios que la Comunidad tiene con los ayuntamientos para ajustarlos a la ley, y en un plazo de dos años tiene que recibir las competencias de los servicios sociales", algo que "es muy delicado y nos tememos se saldará con la supresión de servicios".
También tiene que tomar decisiones el Ayuntamiento en cuanto a la gestión de ciertas entidades municipales, por ejemplo las sociedades públicas locales, que deben cumplir los criterios de sostenibilidad financiera que exige esta norma.
Herguedas ha apuntado que su grupo también presentará una moción para que se establezcan comisiones mixtas, conformadas por el Estado, la Comunidad Autónoma y el consistorio para que haya un pronunciamiento sobre la aplicación de la ley,
Asimismo, IU-Verdes defenderá la necesidad de exigir que el Ayuntamiento no pierda competencias, y para ello es necesario el apoyo del Gobierno Regional, que es el que emite los informes por los que se defiende que el consistorio tiene suficiente capacidad para poder gestionar sus competencias.
"Se decía que con la entrada en vigor de esta ley no iba cambiar nada y no es cierto, porque los servicios municipales están sufriendo las consecuencias de esta reforma", ha agregado Herguedas, tras defender la necesidad de impulsar un debate amplio sobre municipalismo.