Región

UPyD exige a Palacios que "reaccione ya" y tome medidas para paliar las irregularidades que denuncia el informe del Colegio de Trabajo Social

Rafael Sánchez afirma que "es intolerable" que la crisis recaiga sobre los más vulnerables

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha exigido a la Consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, que "reaccione ya" y tome medidas para paliar y dar respuesta a las irregularidades e ilegalidades del IMAS, que el Colegio de Trabajo Social ha denunciado en un informe que ha sido remitido a la Fiscalía.

Sánchez ha afirmado que resulta intolerable que haya 14.000 dependientes con derecho a las prestaciones que no estén recibiendo ni cobertura ni prestación alguna. "No puede ser que los efectos de la crisis y los recortes se hagan recaer sobre las personas más vulnerables".

Del mismo modo, Rafael Sánchez ha criticado que la implantación de tasas introducidas por la Comunidad y las bajas expectativas, ha reducido casi un 80 por ciento el número de solicitudes y que las tasas no contemplan excepciones a personas sin recursos económicos, unas tasas que resultan gravosas para unos colectivos que pueden tener dificultades para asumirlas, por ser perceptores de pensiones mínimas, estar desempleados o tener ingresos mínimos".

Y ha señalado como muy grave una de los datos que aporta el informe, como es que de febrero a marzo de 2013 perdieron el servicio/prestación 674 personas, "de forma que a ese ritmo en tres años y medio no quedaría ningún usuario con derecho a prestación".

El coordinador regional de UPyD ha recordado que su formación se ha mostrado muy crítica con los recortes que han padecido los dependientes en la Región, mediante la implantación de tasas y del copago que introdujo el Gobierno regional, que se suman a los que el Gobierno central aplicó mediante la reducción de las cantidades, el denominado "nivel acordado", destinado, en principio, a infraestructura, aunque en la práctica, las Comunidades lo están usando para atender a las personas, y de la reducción de un 13% en el llamado "nivel mínimo protegible", el dinero que reciben las Comunidades Autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.

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