Hay cambios que no llegan de golpe ni se anuncian abiertamente. Se introducen poco a poco, mediante decisiones políticas que, presentadas por separado, pueden parecer medidas económicas aisladas, pero que, observadas en conjunto, obligan a preguntarse qué modelo de sociedad se está construyendo y quién terminará pagando sus consecuencias.

El Estado del bienestar no apareció por casualidad. Es el resultado de décadas de esfuerzo, de derechos conquistados y de una sociedad que entendió que la sanidad, la educación, la protección social y la atención a quienes más lo necesitan no pueden depender de la cuenta bancaria de cada familia.

Sin embargo, el debate sobre la reducción del papel de lo público y el crecimiento de la gestión privada vuelve a ocupar un lugar central. Y Madrid constituye un ejemplo que merece especial atención.

Desde hace años, los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid han impulsado rebajas fiscales, fórmulas de colaboración público-privada y externalización de servicios. Este modelo se presenta bajo argumentos de eficiencia, ahorro y libertad de elección. Pero hay una pregunta que no podemos esquivar: ¿libertad para elegir qué, si después no todos pueden permitirse pagar aquello que necesitan?

La sanidad madrileña ofrece motivos suficientes para exigir explicaciones. Según los datos publicados por la propia Comunidad, en septiembre de 2026 había 747.337 pacientes esperando una primera consulta especializada, con una demora media de 73,78 días. Detrás de cada cifra hay personas que esperan un diagnóstico, una respuesta y, en ocasiones, la tranquilidad de saber qué les sucede.

En educación también debemos preguntarnos si se está garantizando una igualdad real de oportunidades entre quienes pueden costear alternativas privadas y quienes dependen exclusivamente de los centros públicos. Y en servicios sociales, dependencia y atención a mayores, las necesidades no desaparecen porque los presupuestos o los discursos políticos las sitúen en un segundo plano.

No se trata de afirmar que todos los problemas de Madrid tengan una única causa. Se trata de examinar qué consecuencias tienen las decisiones de financiación y gestión, y de exigir que los resultados se midan con transparencia. Porque tampoco basta con anunciar grandes cifras presupuestarias si no se explica cómo llegan los recursos a los centros, a los profesionales y a las personas que necesitan atención.

La estrategia de reducir impuestos mientras se presenta lo privado como alternativa puede resultar atractiva a primera vista. Pero conviene recordar algo fundamental: cuando se debilita la capacidad de respuesta de los servicios públicos, quienes tienen dinero pueden buscar soluciones particulares; quienes viven con salarios modestos, pensiones pequeñas o situaciones de vulnerabilidad no tienen esa posibilidad.

Ahí está el verdadero peligro. Una consulta médica, una plaza residencial, la atención domiciliaria o una educación de calidad pueden terminar convirtiéndose en servicios condicionados por la capacidad económica. La llamada libertad de elección pierde su sentido cuando unos pueden elegir y otros únicamente pueden aceptar lo que sus recursos les permiten.

Los planteamientos de Milton Friedman, uno de los principales referentes del pensamiento neoliberal, defendieron una reducción de la intervención estatal en la economía. Sus ideas influyeron en las reformas económicas aplicadas durante la dictadura de Pinochet en Chile. No sería riguroso equiparar automáticamente aquellas experiencias con todas las políticas actuales, pero sí resulta necesario estudiar las consecuencias sociales de los modelos que trasladan responsabilidades públicas al mercado.

Y esta discusión no debe quedarse en Madrid. Las decisiones de una comunidad autónoma pueden influir en el debate sobre la financiación y el futuro de los servicios públicos del conjunto del país. Por eso es imprescindible analizar las propuestas de cualquier Gobierno, sea del signo político que sea, y no dejarse llevar únicamente por campañas que prometen menos impuestos sin explicar suficientemente qué servicios se podrán mantener y en qué condiciones.

No olvidemos tampoco nuestros mayores, a las personas con discapacidad, a quienes necesitan cuidados permanentes, a las familias que no pueden asumir una residencia privada ni pagar una atención especializada. Para ellos, los servicios públicos no son una opción entre varias: son, muchas veces, la única garantía de una vida digna.

Lo público necesita reformas, inversión, profesionales y una gestión eficaz. Nadie defiende que deba funcionar mal. Pero mejorar un servicio no significa necesariamente entregarlo a intereses privados. La colaboración empresarial, cuando exista, debe estar sometida a controles, transparencia y al interés general.

No podemos permitir que el debate se traduzca a una cuestión de impuestos mientras se deja en segundo plano lo verdaderamente importante: las personas.

El dinero público debe servir para garantizar derechos, no para convertir las necesidades humanas en oportunidades de negocio. Porque una sociedad no se mide por las ventajas que ofrece a quienes más tienen, sino por la protección que proporcionan a quienes más la necesitan.

Cuando la salud, la educación y los cuidados dependen del dinero, la igualdad deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Y eso es algo es algo que merece toda nuestra atención.

Las medallas se conceden por méritos reales y no por actitudes absurdas y declaraciones ofensivas de dirigentes políticos de otros países.

CONCHI BASILIO