España está perdiendo silenciosamente una parte fundamental de su patrimonio ganadero. Mientras nuestros responsables políticos hablan de sostenibilidad, bienestar animal, protección del medio rural y lucha contra la despoblación, miles de ganaderos se enfrentan a una realidad mucho más preocupante: cada día resulta más difícil vivir dignamente de su trabajo. Y lo peor es que estamos asistiendo a la desaparición progresiva de una actividad económica, social y medioambiental que ha formado parte de nuestra historia durante siglos.
Los datos son suficientemente alarmantes. En el año 2000, España contaba con aproximadamente 24 millones de cabezas de ganado ovino. Al cierre de 2025, apenas quedaban 12,8 millones. Hemos perdido casi la mitad de nuestra cabaña ovina en veinticinco años. Una reducción que debería preocupar seriamente a las administraciones responsables de garantizar el futuro de nuestro sector primario.
La Región de Murcia tampoco escapa a esta situación. En 2017 contábamos con unas 594.000 cabezas de ovino, mientras que en 2025 la cifra había descendido hasta aproximadamente 478.000. Es decir, hemos perdido cerca del 20 % de nuestra cabaña ganadera en apenas ocho años. Detrás de estas cifras hay explotaciones familiares que desaparecen, ganaderos que se jubilan sin encontrar relevo generacional y jóvenes que renuncian a continuar con una profesión que exige enormes sacrificios y ofrece cada vez menos rentabilidad.
Pero ¿qué está provocando esta situación? La respuesta tiene muchos factores, aunque determinadas decisiones políticas y administrativas merecen una profunda reflexión.
Uno de los grandes problemas es la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que nació con la promesa de proteger a agricultores y ganaderos, garantizando que no vendieran sus productos por debajo de sus costes de producción. Sobre el papel parecía una magnífica solución, pero la realidad demuestra que aprobar una ley no significa resolver los problemas.
Nuestros ganaderos siguen soportando unos costes cada vez mayores en alimentación, energía, transporte, medicamentos, servicios veterinarios y mano de obra. Mientras tanto, su capacidad para negociar los precios continúa siendo muy limitada. ¿De qué sirve establecer por ley que no se puede vender por debajo de los costes si no existen mecanismos suficientemente eficaces para garantizar unos precios realmente rentables?
Porque cubrir los costes no es suficiente. Un ganadero necesita obtener beneficios para mantener su explotación, realizar inversiones, renovar sus instalaciones y asegurar el futuro de su familia. La Ley de la Cadena Alimentaria puede perseguir objetivos razonables, pero su aplicación no ha conseguido resolver el desequilibrio comercial que sufren numerosos productores.
A esta situación debemos añadir una burocracia cada vez más asfixiante, mayores exigencias sanitarias, controles administrativos, obligaciones medioambientales y normativas de bienestar animal que generan costes adicionales. Y mientras nuestros ganaderos deben cumplir todas estas exigencias, compiten con productos procedentes de terceros países cuyos sistemas de producción pueden estar sometidos a condiciones diferentes. No se trata de rechazar el comercio internacional, sino de exigir reciprocidad y unas condiciones de competencia verdaderamente justas.
Pero los problemas no terminan aquí. En Castilla y León, los ataques de lobos constituyen una preocupación permanente para la ganadería extensiva. Durante 2025 se comunicaron miles de ataques, con importantes pérdidas de animales. Detrás de cada oveja muerta hay una pérdida económica, un esfuerzo de años y, en muchas ocasiones, un ganadero que empieza a preguntarse si merece la pena continuar.
Conservar la biodiversidad son objetivos legítimos, pero también lo es defender a quienes viven de la ganadería. La convivencia exige medidas preventivas eficaces, una gestión adecuada e indemnizaciones rápidas que compensen los daños reales. No parece razonable que el coste de conservar una especie protegida termine recayendo principalmente sobre quienes mantienen sus rebaños en el campo.
En la Región de Murcia tenemos otro enemigo, mucho más pequeño, pero igualmente perjudicial: la lengua azul. Esta enfermedad ha ocasionado importantes pérdidas en explotaciones ovinas, provocando mortalidad, abortos, disminución de la producción y elevados gastos veterinarios. A ello debemos añadir las dificultades derivadas de la sequía y el encarecimiento de los piensos y forrajes, que reducen todavía más la rentabilidad de nuestras explotaciones.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas de nuestro sistema de ayudas agrarias.
La Política Agraria Común nació, entre otros objetivos, para apoyar las rentas de agricultores y ganaderos. Sin embargo, determinadas ayudas asociadas al ovino exigen acreditar unos niveles mínimos de producción o comercialización. ¿Qué ocurre cuando un ganadero no puede cumplirlos porque la lengua azul ha diezmado su rebaño o porque ha sufrido circunstancias excepcionales ajenas a su voluntad?
Aunque la normativa contempla excepciones por fuerza mayor, estas deben justificarse y reconocerse administrativamente. Por tanto, una explotación que atraviesa graves dificultades puede encontrarse con nuevos obstáculos precisamente cuando más necesita apoyo económico.
Conviene aclarar que declarar pérdidas económicas no supone, por sí solo, perder el derecho a la PAC. Pero sí existe una contradicción que merece ser corregida cuando determinadas exigencias productivas ponen en riesgo las ayudas de explotaciones afectadas por enfermedades o circunstancias extraordinarias.
No podemos mantener un sistema tan complejo que termine generando incentivos para maquillar resultados o declaraciones con el fin de aparentar una situación económica o productiva diferente de la real. La solución nunca puede ser falsear documentación, sino adaptar las normas para que los ganaderos puedan declarar sus pérdidas con transparencia y conservar las ayudas que legalmente les correspondan.
Resulta difícil comprender que se destinen recursos públicos a combatir la despoblación rural mientras desaparecen las actividades económicas que han mantenido vivos nuestros pueblos durante generaciones.
Porque la desaparición del ovino no significa únicamente tener menos ovejas. Significa perder explotaciones familiares, abandonar tierras de pastoreo, reducir la actividad económica rural y renunciar a una herramienta fundamental para controlar la vegetación y contribuir a prevenir incendios forestales. En Murcia, además, supone poner en peligro el futuro de nuestra ganadería tradicional y de razas tan representativas como la Segureña.
Necesitamos una Ley de la Cadena Alimentaria que funcione de verdad, mayor transparencia en la formación de los precios, controles eficaces frente a los abusos comerciales, menos burocracia y una PAC que tenga en cuenta las dificultades reales de nuestros ganaderos. También necesitamos medidas sanitarias eficaces, apoyo al relevo generacional y una política ganadera que permita obtener una rentabilidad digna.
No podemos seguir hablando de sostenibilidad mientras desaparecen quienes llevan siglos practicándola. No podemos presumir de defender nuestros pueblos mientras cerramos los ojos ante la desaparición de sus explotaciones ganaderas. Y no podemos hablar de soberanía alimentaria mientras dejamos que se desmantele nuestra propia capacidad de producir alimentos.
La ganadería ovina española no necesita más discursos, ni más promesas. Necesita precios justos, menos trabas administrativas, seguridad sanitaria y políticas que permitan vivir dignamente del trabajo.
Porque cuando desaparece un rebaño no solamente perdemos ovejas. Perdemos una familia ganadera, una actividad económica, una tradición y una parte de nuestra España rural.
Y cuando desaparezca el último ganadero, será demasiado tarde para que nuestros políticos descubran que las ovejas no se crían con leyes, discursos ni subvenciones, sino con trabajo, sacrificio y rentabilidad.
José García Martinez.