Durante años, el caudal mínimo de referencia en Aranjuez fue de 6 m³/s. El Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, aprobado por el actual Gobierno, estableció un incremento progresivo del régimen de caudales ecológicos hasta alcanzar en 2027 una media anual cercana a los 8,65 m³/s, con importantes consecuencias sobre la disponibilidad de agua para el Trasvase Tajo-Segura.

Conviene aclarar algo que muchas veces se confunde. Las sentencias del Tribunal Supremo obligaron a establecer un verdadero régimen de caudales ecológicos en el Tajo conforme a la legislación vigente. Pero los tribunales no fijaron los 8,65 m³/s. La determinación concreta de esos caudales y su implantación progresiva corresponden a la planificación hidrológica aprobada posteriormente por el Gobierno.

Que los tribunales hayan respaldado jurídicamente la obligación de establecer caudales ecológicos no debería cerrar el debate técnico. Una cosa es que el Tajo necesite un caudal ecológico y otra explicar por qué debe ser precisamente esa cantidad.

¿De qué estudios y metodología sale exactamente el valor de 8,65 m³/s? ¿Qué mejora ambiental adicional se obtiene respecto a 7, 7,2 u 8 m³/s? ¿Qué indicadores demuestran esa mejora?

No podemos olvidar, además, que el estado ecológico del Tajo no depende exclusivamente de la cantidad de agua que circule por su cauce. También depende de la calidad de esa agua, de la depuración, de los vertidos, de la contaminación y de la recuperación ambiental del propio río. Más agua puede ayudar a un río, pero no debería utilizarse simplemente para diluir problemas que deben solucionarse en su origen. Como es el caso del agua de las depuradoras de Madrid, que van al rio Jarama, y del Jarama de unen con las aguas del Tajo a su paso por Toledo.

Mientras tanto, las consecuencias para el Levante son muy reales.

Murcia, Alicante y Almería dependen en buena medida de un sistema hídrico en el que el Trasvase Tajo-Segura desempeña un papel esencial. Estamos hablando de miles de agricultores, cooperativas, empresas agroalimentarias, puestos de trabajo y de una de las agriculturas más productivas y tecnificadas de Europa.

Por eso resulta difícil entender que el Gobierno, conociendo desde hace años las consecuencias que tendría la implantación de los nuevos caudales ecológicos, haya permitido que el calendario para reducir la disponibilidad de agua avance más deprisa que las infraestructuras destinadas a sustituirla.

La desalación se presentó como una de las grandes alternativas. Pero producir agua desalada no significa que esa agua llegue automáticamente al agricultor.

Hacen falta ampliaciones de desaladoras, conducciones, bombeos, conexiones y redes de distribución. Y muchas de esas infraestructuras todavía no están plenamente terminadas y operativas.

Además, existe otra cuestión fundamental: el precio.

No basta con prometer agua alternativa. Hay que garantizar que exista en cantidad suficiente, que pueda llegar donde se necesita y que tenga un coste asumible para poder seguir cultivando.

Si el Estado sabía que los nuevos caudales ecológicos iban a reducir los recursos disponibles para el Levante, lo lógico habría sido actuar en el orden contrario: primero construir y poner en funcionamiento todas las alternativas y después aplicar progresivamente cualquier reducción necesaria.

Sin embargo, tenemos fechas concretas para aumentar los caudales ecológicos, fechas para revisar las normas del Trasvase y previsiones de reducción de recursos, mientras seguimos esperando que parte de las infraestructuras prometidas estén completamente terminadas.

El próximo Plan Hidrológico debería servir también para evaluar los resultados obtenidos.

Si hemos pasado progresivamente de los antiguos 6 m³/s a caudales superiores, habrá que demostrar qué mejora ecológica real se ha producido en el Tajo, qué indicadores ambientales han mejorado y cuánto de esa mejora puede atribuirse verdaderamente al aumento del caudal.

Porque proteger el Tajo y garantizar el futuro del Levante no deberían ser objetivos incompatibles.

El Tajo merece protección, pero el Levante también necesita agua para sobrevivir.

Lo que resulta difícil de justificar es cerrar primero el grifo y construir después la alternativa.

Por eso, antes de nuevos recortes, el Gobierno debería responder claramente a dos preguntas:

¿Por qué exactamente 8,65 m³/s y qué mejora ambiental concreta y medible justifica esa cifra?

Y, sobre todo:

¿Dónde está el agua alternativa antes de cerrar el grifo?

José García Martinez.