A primera vista resulta difícil de entender que un Presidente del Gobierno rodeado de tantos escándalos políticos y malos resultados pueda seguir conservando posibilidades reales de revalidar el poder.

La lógica del ciudadano corriente invita a pensar que la ineficiencia de sus políticas (la degradación institucional, el deficiente mantenimiento de las infraestructuras, el encarecimiento del coste de la vida, la creciente división social, los incumplimientos o los reiterados escándalos de corrupción), deberían acabar provocando un severo castigo electoral.

Sin embargo, la política no siempre funciona así. Existe una tendencia a imaginar que los gobiernos ganan o pierden las elecciones en función del bienestar general alcanzado por la sociedad.

Es una visión razonable, pero incompleta. En la práctica, un Presidente no necesita satisfacer por igual a todos los ciudadanos, ya que le basta con conservar el respaldo de aquellos grupos cuyo apoyo resulta imprescindible para mantenerse en el poder.

En el caso de Pedro Sánchez, el éxito político depende de mantener cohesionados a aquellos grupos cuyo respaldo resulta suficiente. Entre ellos cabe distinguir, al menos, cuatro. En primer lugar, los partidos separatistas, cuya influencia parlamentaria resulta decisiva.

En segundo lugar, la izquierda ultra, con la que comparte buena parte de su proyecto político. En tercer lugar, una amplia red de personas y colectivos que obtienen beneficios materiales o profesionales de la acción gubernamental.

Finalmente, existe un cuarto grupo, menos visible pero igualmente importante. Se trata de quienes encuentran en el discurso socialista (la igualdad, el control social de la economía, el «no a la guerra»...) una fuente de legitimidad moral.

Son ciudadanos que tienen la sensación de formar parte del lado correcto de la historia y de defender causas superiores, con total independencia de la acción del Gobierno y de los resultados de sus políticas.

Mientras una parte suficiente de esos grupos permanezca cohesionada, el mal desempeño de las políticas públicas pierde capacidad para alterar el equilibrio político.

El deterioro del acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias, el aumento constante de la presión fiscal o la impunidad de golpistas y otros delincuentes pueden generar malestar entre amplios sectores de la población, pero no necesariamente entre quienes constituyen el núcleo imprescindible del apoyo al Gobierno.