La desaladora de Escombreras lleva casi dos décadas acompañada de polémica, procedimientos judiciales y, sobre todo, de una factura que continúa apareciendo año tras año en las cuentas de la Región de Murcia.

Fue concebida durante la presidencia de Ramón Luis Valcárcel, en unos años de enorme incertidumbre hídrica para la Región. La necesidad de disponer de nuevos recursos de agua podía justificar la construcción de una desaladora. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es el modelo económico elegido para construirla, financiarla y explotarla.

La instalación tuvo un coste de construcción situado en torno a 111 millones de euros. Sin embargo, la Comunidad Autónoma no compró simplemente la desaladora. Se articuló una operación mediante la cual una empresa privada construía y financiaba las instalaciones y la sociedad pública Desaladora de Escombreras S.A.U. (DESAU) quedaba vinculada a un arrendamiento durante 25 años, hasta 2034.

Y aquí comienza la verdadera historia económica de Escombreras.

Porque una cosa es lo que cuesta construir una desaladora y otra muy diferente lo que puede terminar costando cuando se añaden durante décadas arrendamientos, financiación, intereses, explotación, mantenimiento y demás obligaciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas llegó a cifrar en 445,5 millones de euros los compromisos financieros asumidos por la Comunidad para el periodo 2014-2034 relacionados con las obligaciones derivadas del arrendamiento. Y posteriormente calificó la situación financiera de DESAU como insostenible.

No hablamos, por tanto, de una factura puntual, sino de una obligación económica que ha acompañado a varias generaciones de presupuestos regionales y que todavía continuará durante los próximos años.

Las cuentas actuales permiten comprobarlo.

En el Contrato-Programa de DESAU para 2025 se contemplaban inicialmente unos gastos próximos a 39,7 millones de euros. De ellos, alrededor de 26,9 millones correspondían solamente al arrendamiento de la desaladora, mientras los ingresos inicialmente previstos por venta de agua rondaban los tres millones.

La diferencia tenía que cubrirse fundamentalmente con dinero público.

Y ahí encontramos una de las grandes contradicciones de Escombreras: el agua se vende, pero lo que se obtiene por venderla está muy lejos de cubrir el coste económico del modelo creado para producirla.

La situación ha cambiado considerablemente respecto a sus primeros años. La planta está produciendo agua y esa agua resulta especialmente importante para la agricultura murciana. La Administración regional situaba en 2024 su producción en aproximadamente 1,6 hectómetros cúbicos mensuales, cerca del 85 % de su capacidad, destinándose alrededor del 95 % a usos agrícolas.

Y existe otro dato todavía más reciente.

En febrero de 2026, la Confederación Hidrográfica del Segura sometió a información pública la concesión de hasta 22,85 hectómetros cúbicos anuales procedentes de la desaladora de Escombreras para regadío agrícola, ganadería e industria. Se habían presentado 152 solicitudes.

Por tanto, el debate no debería plantearse hoy entre desalación sí o desalación no.

Murcia necesita agua y Escombreras actualmente la proporciona.

La cuestión es otra: ¿era necesario asumir semejante compromiso económico para conseguirla?

Porque si una infraestructura cuyo coste de construcción rondaba los 111 millones termina generando obligaciones públicas de varios cientos de millones, resulta legítimo preguntarse dónde estuvo el beneficio de la operación y quién asumió realmente el riesgo.

Las empresas privadas vinculadas a la construcción, financiación, arrendamiento, explotación y mantenimiento tenían contratos que generaban ingresos durante décadas. Mientras tanto, cuando la desaladora producía poco, vendía poca agua o los ingresos resultaban insuficientes, la sociedad pública necesitaba el respaldo financiero de la Comunidad Autónoma.

El resultado lo seguimos viendo en los presupuestos.

Han pasado gobiernos, consejeros y legislaturas. Muchos de quienes participaron políticamente en aquella decisión ya no tienen responsabilidades públicas. Pero el contrato continúa y la factura también.

Y todavía quedan años hasta 2034.

Por eso sería importante que los ciudadanos conocieran una cuenta completa y fácilmente comprensible: cuánto costó realmente construir Escombreras, cuánto dinero público se ha destinado desde su puesta en marcha, cuánto se ha recuperado mediante la venta de agua y cuánto queda comprometido hasta la finalización del contrato.

No se trata de cuestionar hoy el agua que reciben los agricultores. Todo lo contrario. Si actualmente Escombreras proporciona un recurso necesario para el campo murciano, debemos reconocerlo.

Lo que debemos cuestionar es si para conseguir una desaladora de aproximadamente 111 millones era necesario comprometer durante 25 años cientos de millones de euros de las arcas regionales.

Porque detrás de Escombreras existe una paradoja todavía más difícil de entender.

Si mantener aquel contrato resulta extraordinariamente caro, cabría pensar que la solución sería romperlo.

Pero no era tan sencillo.

La documentación conocida sobre el caso apunta a que una eventual resolución anticipada podía generar una factura extraordinariamente elevada para la propia Administración. Es decir, la Región quedó ante una situación difícil de comprender: seguir pagando era muy caro, pero intentar dejar de pagar podía resultar todavía más caro.

Y es precisamente ahí donde aparece la pregunta que merece un segundo artículo:

¿Cómo pudo firmarse un contrato que comprometía de esta manera a la Comunidad Autónoma hasta 2034?

Porque para entender realmente quién ganó con Escombreras y quién sigue pagando no basta con mirar cuánto cuesta hoy la desaladora.

Hay que volver al principio, abrir los contratos y explicar qué se firmó, quién asumió los riesgos y por qué salir de aquella operación podía costar incluso más que permanecer en ella.

José García Martínez