Orenes: "Estamos hablando de más de 90 millones de euros afectados por informes de los altos funcionarios por "reparos" o por "omisión de fiscalización". Todo el mundo lo entiende "
El Grupo Municipal VOX ha denunciado la alarmante situación que revela el informe anual de la Intervención General del Ayuntamiento de Murcia correspondiente a 2025, en el que se recogen 34 resoluciones adoptadas contra los reparos formulados por los técnicos municipales y doce expedientes en los que directamente se omitió la fiscalización previa de la Interventora.
El volumen económico afectado en 2025 supera los 41 millones de euros: aproximadamente 38,7 millones corresponden a gastos tramitados pese a los reparos de Intervención y otros 2,4 millones a actuaciones realizadas sin la fiscalización previa obligatoria de la interventora municipal
El informe muestra que el Ayuntamiento ha seguido pagando durante 2025 servicios vinculados a contratos vencidos o sin que las nuevas licitaciones estuvieran preparadas a tiempo. Pero el informe va más allá de los contratos vencidos. La Intervención también recoge expedientes en los que se omitió la fiscalización previa, entre ellos, servicios de vigilancia y control de accesos en las instalaciones de El Mayayo, actuaciones relacionadas con sistemas inteligentes de transporte, una pasarela de pagos, arrendamientos de locales y la adquisición de especies arbóreas a indicación del concejal delegado y vinculadas al Plan de Movilidad.
VOX considera especialmente grave que esta forma de proceder se repita año tras año. En el informe técnico correspondiente a 2024, las resoluciones contrarias a reparos y las omisiones de fiscalización ya superaron los 50 millones de euros.
En pasado pleno de junio Orenes calificó de "muy preocupante" que existieran 54 millones de euros de gasto público de 2024 sin el control de la intervención, vinculando este hecho a una supuesta opacidad y mala gestión del equipo de gobierno.
"En dos ejercicios consecutivos estamos hablando de más de 90 millones de euros afectados por reparos u omisiones de fiscalización. El PP puede intentar esconderse detrás de tecnicismos, pero cualquier murciano entiende lo esencial: están gestionando mediante excepciones que deberían ser absolutamente residuales y para solucionar errores", ha declarado Orenes. El Grupo Municipal VOX presentó en febrero una moción para reforzar el Servicio de Intervención, ante la necesidad de garantizar que el control económico municipal cuente con personal y medios suficientes, pero no gustó al Partido Popular.
La Intervención es el alto funcionariado que protege el dinero de los murcianos y advierte (reparos) cuando un expediente no cumple los requisitos que debería cumplir.
VOX cree que los políticos del PP enmiendan a los funcionarios cuando alguno pone algún reparo o advierte de algo que no le gusta.
VOX ha presentado una moción al pleno municipal de mañana jueves, para impulsar un plan integral de ordenación, simplificación y mejora de los procedimientos internos del Ayuntamiento.
"Cuando hablamos de simplificación administrativa no hablamos de eliminar controles. Al contrario: hablamos de evitar que los contratos caduquen, establecer alertas, definir responsables, eliminar duplicidades y conseguir que los expedientes lleguen completos y a tiempo a Intervención", ha explicado.
"Lo verdaderamente preocupante es que esta forma de gestionar se ha normalizado. El PP trata como una incidencia administrativa lo que ya es un sistema: contratar tarde, gastar sin completar el expediente y levantar después las objeciones de los órganos de control", ha concluido Orenes.
Estamos hablando de más de 11,1 millones en jardines, 7,6 millones en alumbrado público, 6,6 millones en limpieza de edificios municipales y más de 1,2 millones en sistemas inteligentes de transporte fueron tramitados mediante reparos u omisiones de fiscalización. También aparecen facturas de árboles adquiridos para el Plan de Movilidad por más de 130.000 euros o varios servicios de vigilancia ya prestados.
Un caso que ilustra gráficamente este despropósito es la omisión de la fiscalización de la interventora de 453 mil euros de las flores de temporada que se lleva a votación en este pleno y que aparecerá en el informe de reparos y omisiones del año que viene.