Murcia

Huermur denuncia que la Iglesia de Vistabella se cae a pedazos

Y que los técnicos ordenan acordonar la calle por riesgo de desprendimientos

Huermur exige la reparación inmediata del edificio histórico de propiedad municipal, medidas de seguridad urgentes y la suspensión de la desafectación y cesión del inmueble que actualmente está tramitando el ayuntamiento. Tanto Huermur, como Ecologistas en Acción y colectivos vecinales, han presentado alegaciones al respecto.

La documentación administrativa a la que ha tenido acceso Huermur refleja que los técnicos municipales alertan del riesgo de caída de cornisas y de la cruz principal, y recomiendan prohibir el paso de peatones hasta que se repare el inmueble.

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) denuncia la grave situación de deterioro y riesgo que presenta la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio de Vistabella, según se desprende de los últimos informes del Servicio de Patrimonio del propio Ayuntamiento de Murcia, emitidos en abril de 2025.

En dichos documentos e informes técnicos se alerta expresamente de que “se debe actuar con carácter urgente sobre los elementos dañados con riesgo de caída a la vía pública (…) y se debe prohibir el paso a peatones y/o usuarios en aquellas zonas con riesgo de caída de materiales, mientras no se lleven a cabo las actuaciones de estudio y/o reparación de los elementos dañados”. Entre los elementos señalados como más peligrosos se encuentran la cruz de la fachada principal y varias cornisas agrietadas en la calle Párroco Pedro Martínez Conesa.

Huermur considera intolerable el mal estado de conservación que presenta este histórico edificio de propiedad pública. La entidad conservacionista recuerda que el inmueble es de titularidad municipal, está inventariado con el número 143-I y figura como Bien Catalogado en el PGOU de Murcia, lo que obliga al Ayuntamiento a velar por su adecuada conservación y mantenimiento.

“Es inconcebible que un edificio municipal catalogado y protegido pueda llegar a este estado sin que se haya actuado antes”, ha señalado Sergio Pacheco, presidente de Huermur. “Los informes del propio Ayuntamiento advierten de riesgo para los peatones y, aun así, parece que no se han tomado medidas. Es una muestra clara de dejadez y falta de responsabilidad”.

Además, los informes técnicos municipales apuntan a la necesidad de llevar a cabo un estudio más profundo del estado general del inmueble, que permita conocer con exactitud la gravedad de las patologías detectadas y planificar adecuadamente las obras de consolidación. Huermur advierte de que no basta con intervenciones puntuales sobre las cornisas o la cruz de la fachada, sino que se requiere una evaluación global y rigurosa que garantice la seguridad estructural y la conservación de este edificio histórico.

Asimismo, Huermur informa de que ha presentado formalmente, al igual que Ecologistas en Acción y diversos colectivos vecinales, alegaciones al expediente de desafectación y cesión de la iglesia al Obispado de Cartagena y actualmente tramita el ayuntamiento, reclamando que este procedimiento quede en suspenso hasta que se acometan todas y cada una de las reparaciones necesarias y se garantice la seguridad y estabilidad del inmueble. En dichas alegaciones se recuerda al Ayuntamiento su obligación legal de conservación y custodia de los bienes municipales catalogados.

Por todo ello, Huermur exige de forma inmediata que el Ayuntamiento proceda a la reparación urgente del edificio, acometiendo las obras necesarias de consolidación y conservación, así como, a que se adopten medidas de seguridad inmediatas, acordonando la zona de riesgo e incluyendo las aceras y la calzada colindante. Y también a que se deje en suspenso la desafectación y cesión del inmueble al Obispado, hasta que se garantice su seguridad y conservación como bien municipal catalogado.

La entidad conservacionista subraya que la ciudadanía de Murcia merece que sus edificios históricos se mantengan en las debidas condiciones, y más aún si son de propiedad pública, y reclama al Ayuntamiento que ofrezca soluciones efectivas y no parches ni operaciones administrativas para intentar desprenderse de su patrimonio.

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