El Sindicato de Empleados Públicos SIME en el Ayuntamiento de Murcia se plantea llevar a cabo movilizaciones debido al incumplimiento reiterado, por parte del consistorio, de los acuerdos alcanzados en el Comité de Huelga de hace dos años. Queremos recordar que fueron estos acuerdos los que permitieron la suspensión de la huelga y, aun así, el consistorio no ha cumplido nada de lo pactado.

Es más. La situación se ha agravado en el servicio, hasta el punto de hacerse insostenible, dando lugar a situaciones que empeoran la calidad del mismo, así como las condiciones de sus trabajadores.

Una de los principales problemas radica en la eventualidad  del personal que trabaja en el servicio, especialmente en el área técnica, y la continua rotación de trabajadores, lo que perjudica gravemente el funcionamiento del servicio, al no abordarse la creación de puestos de trabajo estructurales. El clima laboral, con elevado riesgo psicosocial, según informes del propio servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Murcia, provoca  bajas, traslados, ceses injustificados, solicitudes de traslados permanentemente, ceses voluntarios; todo ello ha motivado la rotación de casi 40 trabajadores en los dos últimos años; sin que el Servicio adopte medidas correctoras.

Además, no existe ningún tipo de participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones y la organización del trabajo, y no se ha implementado métodos para facilitarlo, lo que supone frustración, apatía, desmotivación y un pésimo clima laboral. Por el contrario, se han normalizado los círculos de poder informales, donde mandan, tensionan e influyen quienes no tienen autoridad para hacerlo por razones laborales, sino de carácter personal.

Asimismo, no existen protocolos de trabajo  normalizados, por lo que los cambios de criterio, los rechazos de trabajos realizados por nimiedades y la inseguridad que genera en los trabajadores, afecta gravemente al rendimiento y la productividad.

Por último, tampoco se ha informado,  ni aclarado,  el cobro de más de 90.000 euros en horas extras por los dos máximos responsables, con el consiguiente descrédito del servicio, el aumento de la desigualdad y la arbitrariedad.