El Ayuntamiento se suma al convenio suscrito por los Ministerios de Fomento; Economía y Competitividad; sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Federación Española de Municipios y Provincias, y agentes económicos y sociales, para la creación de un fondo social de viviendas destinado a familias desalojadas por impago de sus hipotecas y en situación de especial vulnerabilidad social.

El servicio municipal de vivienda ofrecerá información a las personas que lo soliciten y remitirá a los demandantes de vivienda a las entidades de crédito, que son las propietarias de las viviendas.

Este convenio nacional nace debido al incremento del número de familias que no pueden pagar sus hipotecas y que han sufrido el desalojo de sus casas.

Mediante este acuerdo, el sector financiero crea un fondo social de viviendas, integrado por cerca de 6.000 viviendas en toda España, para personas desalojadas por impago de la hipoteca y con una situación de especial vulnerabilidad.

Las viviendas de las entidades financieras se ofrecen en alquiler, con precios que oscilan entre los 150 y 400 euros/mes. El contrato de alquiler será de dos años, prorrogable un año más.

Para poder acceder a este alquiler, el desalojo se ha debido producir a partir del 1 de enero de 2008; el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no debe superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; y ninguno de los miembros debe tener una vivienda en propiedad. Además, se tendrán en cuenta circunstancias como familias numerosas, unidad monoparental con hijos, unidad familiar con un menor de hasta 3 años, unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad; que el deudor hipotecario se encuentro en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, víctimas de violencia de género, etc.

Las solicitudes se dirigirán a la entidad de crédito titular del préstamo hipotecario cuyo impago ha originado el desalojo. Las solicitudes serán valoradas por las entidades financieras. Las entidades solicitarán un informe a los Ayuntamientos sobre la idoneidad de las familias, que será emitido en un plazo de 15 días.

El Ayuntamiento de Murcia se encargará de asesorar e informar a quienes lo soliciten, emitir un informe sobre la idoneidad de las familias (a instancias de la entidad de crédito), colaborar con las entidades de crédito y difundir e informar a los ciudadanos sobre este procedimiento.