Bruselas, 4 de junio de 2026.- La Comisión Europea ha publicado hoy la decimocuarta edición del cuadro de indicadores de la justicia en la UE, un resumen anual que facilita datos comparativos sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros.

La edición de 2026 muestra una mejor percepción de la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales. Asimismo, destaca el papel fundamental que desempeñan unos sistemas judiciales eficaces y unas autoridades independientes a la hora de fomentar un entorno justo y competitivo, incluyendo datos sobre los principales actores del mercado único. Por primera vez, el cuadro de indicadores también incluye una visión general de las competencias de los tribunales administrativos superiores y los tribunales ordinarios de los Estados miembros en asuntos relacionados con las empresas.

Las conclusiones del cuadro de este año se incorporarán al informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2026, incluida su dimensión del mercado único.

Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2026

Autoridades independientes del mercado único

Por primera vez, el cuadro de indicadores proporciona información sobre el mandato de los organismos responsables de revisar las decisiones de contratación pública. Las conclusiones son positivas, ya que muestran que, en la mayoría de los Estados miembros, los miembros y presidentes de dichos órganos son nombrados por un mandato limitado y renovable. La edición de 2026 también presenta una visión general actualizada de la forma en que se nombra y destituye a las autoridades nacionales de competencia y muestra que el poder ejecutivo desempeña un papel importante en casi todos los Estados miembros.

Lucha contra la corrupción

El cuadro de indicadores de 2026 introduce cifras nuevas y actualizadas sobre la lucha contra la corrupción, como la duración de los procedimientos judiciales en casos de soborno. Además, presenta nuevas cifras sobre el funcionamiento de los registros nacionales de transparencia, que ayudan a prevenir la corrupción garantizando la transparencia de las actividades de los grupos de presión. El cuadro de indicadores muestra que 16 Estados miembros disponen de un registro de este tipo, que ofrece una visión general de cómo funcionan y de qué funcionarios están sujetos a requisitos de transparencia en sus interacciones con los grupos de presión. Estos instrumentos son cruciales para la buena gobernanza y la rendición de cuentas.

Digitalización de los sistemas judiciales

La digitalización sigue avanzando en toda la UE: los 27 Estados miembros proporcionan ahora información en línea sobre sus sistemas judiciales, mientras que 23 Estados miembros permiten el acceso en línea a asuntos civiles, mercantiles y administrativos. El cuadro de indicadores también destaca los ámbitos en los que es necesario seguir trabajando, ya que solo seis Estados miembros cuentan con normas de procedimiento totalmente adaptadas a la era digital.

Eficiencia e independencia de la justicia

El cuadro muestra que los ciudadanos de 17 Estados miembros y las empresas de 18 Estados miembros consideran que la independencia judicial ha mejorado o se ha mantenido estable en comparación con el año pasado. Muchos Estados miembros siguen mejorando la eficiencia de sus sistemas judiciales, basándose en las reformas introducidas en los últimos años para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Al igual que el año pasado, ocho Estados miembros han registrado procedimientos más cortos en todas las categorías (asuntos civiles, mercantiles, administrativos y de otro tipo).

Acceso a la justicia

La mayoría de los Estados miembros está utilizando la tecnología digital en sus tribunales de primera instancia para facilitar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. El acceso a la justicia también puede mejorarse mediante la participación de otras autoridades judiciales, a fin de aliviar la labor de los tribunales y contribuir a un sistema judicial más eficiente. Como ejemplo, el cuadro de indicadores de 2026 presenta por primera vez los diferentes tipos de autoridades implicadas en los procedimientos de divorcio consensuados. Todos los Estados miembros disponen ahora de disposiciones específicas para que los procedimientos judiciales estén más adaptados a los menores y a sus necesidades.

Siguientes etapas

Las conclusiones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuyen al seguimiento realizado en el marco delciclo anual del Estado de Derecho y delSemestre Europeo. Servirán de base para el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2026, así como para las fases finales de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Antecedentes

Puesto en marcha en 2013, elcuadro de indicadores de la justicia en la UE sirve de herramienta analítica para hacer un seguimiento de las reformas relacionadas con la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales en todos los Estados miembros de la UE. Forma parte del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho.

La edición de 2026 responde a la petición de datos comparativos más detallados, en particular sobre la accesibilidad de la justicia para los menores, la digitalización de la justicia, los períodos de prueba de los jueces y las competencias de los fiscales generales. Los nuevos indicadores sobre el mercado único incluyen la forma en que determinadas autoridades independientes contribuyen al correcto funcionamiento del mercado único.

Con un presupuesto de unos 305 millones de euros para el período 2021-2027, el programa Justicia apoya el desarrollo de una Europa justa, basada en la independencia judicial, la calidad y la cooperación.

En 2025, se proporcionaron aproximadamente 40,7 millones de euros para financiar proyectos y otras actividades en el marco de los tres objetivos específicos del programa: promoción de la cooperación judicial en materia civil y penal; formación de profesionales de la justicia en materia de Derecho civil, penal, derechos fundamentales de la UE, ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y Estado de Derecho; promoción del acceso a la justicia (incluida la justicia electrónica); protección de los derechos de las víctimas y los derechos de las personas sospechosas o acusadas de delitos; apoyo en el desarrollo y el uso de herramientas digitales y el mantenimiento y la ampliación del Portal Europeo de e-Justicia.