Los datos preliminares del estudio realizado por un grupo de investigadores sociales de la Universidad de Murcia, observa importantes carencias en accesibilidad, acceso a tecnología y profesorado especializado en los centros educativos españoles para atender al alumnado con discapacidad visual.

La Universidad de Murcia analiza por primera vez de forma sistemática la correspondencia entre las necesidades educativas y los apoyos realmente disponibles en los centros educativos donde un menor que convive con una discapacidad visual, tiene a su disposición.

El análisis de esta realidad señala que las familias carecen en los centros de los apoyos esenciales para garantizar una escolarización plena.

Esta observación se basa en un Cuestionario realizado a Familias de Afectados por Enfermedad - Visual (CFAE-Visual), y realizado con 28 familias en todas nuestras comunidades autónomas, identifica una brecha clara: los apoyos más necesarios son precisamente los menos disponibles.

Carmen Mª Gómez, investigadora principal del estudio señala: "las familias valoran la actitud del profesorado, aunque la realidad es que los recursos especializados no llegan. La inclusión no puede depender de la buena voluntad: necesita condiciones materiales y profesionales".

Las necesidades urgentes de las familias:

Los primeros resultados del estudio apuntan que las familias, necesitan principalmente:

Ajustes de iluminación y contraste de material y espacios (71 %)

Adaptación de materiales accesibles (57 %)

Software/lector de pantalla/Magnificadores, lupas u otros dispositivos (53 %)

Profesorado especializado en baja visión o ceguera (50 %)

Mobiliario accesible o ayudas técnicas (50 %)

Con ello, las familias informan que estos apoyos son esenciales para que el alumnado con estas patologías que limitan la visión, pueda acceder a la información y de igual modo, participen en las tareas escolares con las adaptaciones necesarias.

Disponibilidad de recursos

Los centros educativos españoles solo ofrecen estos recursos en porcentajes muy bajos:

Iluminación y contraste de material en los espacios: 43 %

Mobiliario accesible y ayudas técnicas: 39,3 %

Materiales adaptados: 21 %

Software especializado para baja visión y/o ceguera: 21 %

Profesorado con formación específica: 21 %

Las familias participantes demandan estos recursos y apoyos, aunque carecen de ellos. Además, el estudio revela que ninguna familia reportó disponer de transporte escolar accesible, y solo un 18 % indicó que el centro ofrece información accesible o coordinación con servicios externos de rehabilitación visual.

La inclusión se sostiene por las familias

El grupo de investigación observa que: aunque las familias valoran la actitud empática del profesorado, la falta de recursos especializados obliga a las familias a asumir una carga excesiva, gestionando por su cuenta adaptaciones, tecnología y coordinación con servicios sanitarios/sociales. Lo que conlleva costes y gestión de tiempo para atender todas estas demandas.

"La inclusión no puede depender de que cada familia se convierta en gestora de recursos. Es imprescindible un modelo de intervención en red que conecte centros, servicios especializados y asociaciones", afirma Gómez.

Implicaciones para el sistema educativo

Estos datos preliminares apuntan que la accesibilidad debe integrarse en la planificación ordinaria de los centros, antes de iniciarse el curso académico. También, los centros educativos necesitan acceso ágil a especialistas externos, dado que no es viable que cada centro domine todas las patologías con afectación visual. En cuanto a las adaptaciones, éstas deben revisarse, ya que algunas de estas enfermedades son degenerativas y por ello, el alumnado necesitará nuevos recursos. Y con todo ello, la inclusión real no depende de tener "muchos recursos", sino de tener las necesarias, en el momento adecuado", afirman desde el grupo de investigación.

Es momento de recordar el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Reconoce el derecho a una educación inclusiva a todos los niveles y sin discriminación. Y, la Convención sobre los Derechos del Niño: refuerza el derecho de los menores a la educación sin discriminación y bajo el principio del interés superior de la niñez.