El Área de Servicios Sociales de este Sindicato, a través de su Sección Sindical en el ámbito, ha solicitado una reunión urgente con la Dirección General de Juventud para reclamar información oficial, transparencia y garantías sobre cuatro centros públicos y sus 156 trabajadores, al tiempo que advierte de que la versión trasladada por la Administración este viernes a medios de comunicación no despeja las dudas sobre el futuro de los centros, de sus plantillas ni del mantenimiento real de la gestión pública directa.
El Área de Servicios Sociales de CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha remitido un escrito a la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid ante las informaciones relativas a un posible cambio en el modelo de gestión de varios albergues públicos dependientes de la Administración regional. En él, esta Organización Sindical reclama que se aclare de forma inmediata si existe algún proyecto, estudio, expediente, previsión de licitación, externalización o modificación del actual modelo de gestión, así como las consecuencias que esta decisión podría tener sobre las plantillas, las direcciones de los centros y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
Los centros afectados serían cuatro albergues públicos situados en la Sierra de Madrid: Albergue Juvenil Los Batanes, Albergue Juvenil Las Dehesas, Albergue Juvenil El Escorial y Albergue Juvenil Villa Castora. Según los datos recabados por CSIT UNIÓN PROFESIONAL, esta situación podría afectar a un total de 156 trabajadores y trabajadoras, entre personal laboral y funcionario, además de a las propias direcciones de los centros, con categorías profesionales como auxiliares administrativos, auxiliares, técnicos de cocina, técnicos de mantenimiento, auxiliares de control e información y, de forma mayoritaria, personal auxiliar de servicios (PAS), colectivo esencial para el funcionamiento diario de estas instalaciones.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera especialmente preocupante que la Administración justifique este cambio de modelo apelando a una gestión "más profesionalizada, flexible y adaptada a las necesidades reales" de los centros, tal y como trasladó este viernes a medios de comunicación. Para este Sindicato, este planteamiento no despeja las dudas existentes y desvía el foco del verdadero problema: la falta de medios humanos suficientes, la existencia de vacantes, bajas sin cubrir y carencias organizativas que deben resolverse reforzando el servicio público, no sustituyéndolo por gestión externa ni desplazando la gestión hacia entidades privadas o externas.
Asimismo, y frente a lo trasladado por la Administración regional, el Sindicato advierte de que la afirmación de que "no habrá pérdida de empleo público" no despeja las dudas de fondo. La posible reubicación o movilidad del personal afectado no garantiza, por sí sola, el mantenimiento del modelo público actual ni la continuidad del conocimiento profesional acumulado en estos centros. Tampoco aclara qué ocurrirá con las funciones concretas que hoy desempeñan las plantillas, con las direcciones de los albergues ni con la calidad, estabilidad y control directo del servicio.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL recuerda que estos albergues no son simples establecimientos de alojamiento ni pueden analizarse únicamente bajo criterios propios del sector turístico u hostelero. Son espacios con una importante función social, juvenil, educativa y territorial, utilizados por jóvenes, centros educativos, asociaciones, entidades sociales, familias y colectivos que necesitan instalaciones públicas, accesibles y orientadas al interés general para desarrollar actividades formativas, culturales, deportivas y de convivencia.
Por ello, esta Organización Sindical considera imprescindible que cualquier decisión sobre el futuro de estos centros se aborde con absoluta transparencia, información previa a los representantes de los trabajadores, negociación real y garantías expresas para el mantenimiento del empleo público, de las condiciones laborales y del carácter público, accesible y social de los albergues.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL sostiene que este cambio de modelo supondría un grave retroceso en la defensa de los servicios públicos si implica la pérdida de gestión directa, el desplazamiento de plantillas o la sustitución progresiva de empleo público por fórmulas externas. Por este motivo, exige a la Administración regional que descarte cualquier proceso privatizador o externalizador, explique con detalle qué actuaciones tiene previstas, en qué fase se encuentran, qué calendario maneja, qué documentación existe y qué garantías concretas ofrece a los 156 trabajadores y trabajadoras afectados.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL permanecerá vigilante ante cualquier intento de privatización, externalización o cambio de modelo que pueda debilitar la red pública de albergues juveniles de la Comunidad de Madrid y defenderá, con todos los medios a su alcance, el mantenimiento de estos centros como servicios públicos esenciales, accesibles y al servicio de la ciudadanía.