El Ministerio de Trabajo plantea un anteproyecto de ley con medidas que afectarían a las ayudas para la incorporación al mercado laboral de miembros del colectivo

En la Región de Murcia hay actualmente un centenar de personas en Centros Especiales de Empleo y sólo en 2021 se consiguieron 85 contratos en empresas ordinarias

El director de Plena inclusión España, Enrique Galván, ha calificado de “sangrante” y de "grave retroceso" la eliminación de parte de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, que recoge el anteproyecto que prepara el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo ha redactado un texto para regular los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad. Esta medida afectaría a las contrataciones de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que trabajan tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo.

Plena inclusión Región de Murcia cuenta con un centenar de trabajadores en Centros Especiales de Empleo y sólo en 2021 se firmaron 85 contratos en empresas ordinarias. Estos puestos estarían en peligro si se eliminan parte de los incentivos, además de que se dificultarían futuras incorporaciones al mercado laboral.

Según el análisis de Funcas a la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia del INE, los indicadores clave del mercado de trabajo “evidencian la pobre integración de las personas con discapacidad en España”. Su tasa de empleo (23,4%) es 40 puntos inferior a la de la población general (62%).

En declaraciones a Servimedia, Galván advirtió de que “en un momento como el actual”, reducir las bonificaciones a los Centros Especiales de empleo “es simplemente sangrante”. Este anteproyecto elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en estos centros, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad. Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias.

La fase de consulta terminó el pasado viernes y ahora el texto debe ser concretado en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros.