El Palacio Consistorial ha acogido una nueva reunión de la Mesa Laboral de seguimiento de SABIC, a la que han asistido la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

En el encuentro, con representantes del Comité de Empresa de la factoría de La Aljorra, se ha analizado el escenario abierto ante la prevista toma de control de la planta por parte del fondo alemán Mutares, prevista para la primera semana de julio. Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y trabajadores han coordinado actuaciones institucionales, laborales y ambientales para afrontar el proceso de reestructuración anunciado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado la necesidad de anticipar medidas antes del verano y ha señalado que las administraciones trabajarán de forma permanente con el Comité de Empresa para estudiar todos los escenarios. Según ha indicado, ya se analizan posibles vías de reconversión y formación para proteger a las personas en riesgo de perder su empleo.

Arroyo ha anunciado además que el Ayuntamiento volverá a solicitar formalmente una reunión con Mutares tras su llegada a la planta, con el objetivo de conocer sus planes de futuro. También ha subrayado que el informe técnico aportado por los representantes de los trabajadores servirá de base para tramitar, junto con la Comunidad Autónoma, la solicitud de fondos sociales europeos y de las ayudas que puedan habilitar el Gobierno de España y la Unión Europea.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha confirmado que en los próximos días se pedirá al Ministerio la activación de fondos europeos específicos, entre ellos los vinculados a globalización y transición. Estas ayudas priorizarán a los perfiles con mayores dificultades de reinserción laboral, en especial trabajadores mayores de 50 años y mujeres afectadas por el desempleo.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de SABIC, Pascual Sánchez, ha advertido de que la pérdida de empleo podría afectar a entre 300 y 350 trabajadores durante los meses de agosto y septiembre. Sánchez ha reclamado a Mutares “responsabilidad social” en la negociación de los posibles despidos colectivos y ha avisado de que, de no existir garantías para la plantilla, se abriría un conflicto laboral y ambiental en la planta.

El portavoz sindical ha explicado que los trabajadores son imprescindibles para realizar la limpieza química previa al desmantelamiento, un proceso necesario antes de obtener permisos para el desmontaje mecánico, la venta o la reutilización de materiales. El comité ha recordado que más de 300 empleados superan los 50 años y afrontan una reinserción laboral compleja.

Los representantes de los trabajadores exigirán reunirse de inmediato con Mutares España a partir del 1 de julio para poner fin a seis meses de incertidumbre. También han avanzado que, ante cualquier impacto sobre el empleo, iniciarán movilizaciones progresivas que podrían llegar a paralizar la actividad de la planta.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha señalado que el desmantelamiento de una planta química de estas características es una operación de alta complejidad y con posibles pasivos ambientales. Por ello, ha defendido que el proceso debe contar con los expertos y operarios que conocen la instalación.

Vázquez ha concluido que la Comunidad Autónoma vigilará el cumplimiento de la normativa y exigirá que cualquier actuación en la factoría se realice de forma ordenada, segura y conforme a los protocolos medioambientales establecidos por la ley.