El Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM requiere al Consorcio que cumpla con la Ley y designe los días de visita pública y gratuita del Teatro Romano, Castillo de la Concepción y la Muralla Púnica

La Asociación Cartaginense, ha recibido una respuesta oficial de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma respecto a la solicitud emitida por nuestra asociación, que instaba a la Dirección General de Patrimonio Cultural a resolver o justificar el incumplimiento del artículo 8.1.c de la Ley 4/2007, referente al acceso público y gratuito a determinados Bienes de Interés Cultural en Cartagena, gestionados por el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas.

El acceso a la cultura se está viendo vulnerado en Cartagena con los más desfavorecidos, a causa de este incumplimiento. Las familias numerosas, los jóvenes, los pensionistas también merecen acceder a nuestro patrimonio cultual al igual que en el resto de la Región, en cumplimiento de la Ley regional vigente de patrimonio cultural.

En respuesta a nuestra solicitud, la Dirección General ha requerido al Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, responsable de la gestión de varios monumentos históricos en Cartagena, para que en el plazo de diez días presente las alegaciones pertinentes y ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso gratuito al público en los términos establecidos por la Ley, así como la posible incoación de un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la normativa vigente.

Los monumentos mencionados en el requerimiento incluyen el Teatro Romano, la Muralla Púnica y el Castillo de la Concepción, los cuales, según la normativa vigente, deben estar abiertos al público al menos cuatro días al mes de manera gratuita.

La Asociación Cartaginense valora positivamente esta respuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que demuestra un compromiso claro con la protección y fomento del patrimonio y la cultura de Cartagena, especialmente con lo más desfavorecidos. Continuaremos vigilantes para asegurar que se cumplan las disposiciones legales que garantizan el acceso público y gratuito a los Bienes de Interés Cultural.