Una vez más, los números vuelven a dejar en evidencia el sistemático maltrato y abandono que sufre Cartagena por parte del Gobierno de San Esteban. La estadística oficial del Instituto Murciano de Acción Social, organismo dependiente de la Consejería de Política Social, refleja que cerca de dos mil personas de nuestro municipio (1.712) se encuentran a la espera de resolver su situación en materia de Dependencia.
En concreto, un total de 980 personas esperan una resolución de la solicitud de la ayuda que han reclamado, mientras que otras 732 todavía no han comenzado a recibir su servicio o prestación económica a pesar de haber sido resultado beneficiadas de ese derecho.
Estos datos, valorados por el concejal de MC Cartagena, Enrique Pérez, muestran la situación de Cartagena a fecha uno de enero del presente año, poniendo de manifiesto una lamentable realidad, provocada por las políticas centralistas, injustas e insolidarias del Gobierno regional, que toma unas dimensiones gravísimas en el actual contexto de crisis sanitaria y social.
Desprotección a los que más ayuda necesitan
"Hemos tenido acceso a los datos que confirman que al Gobierno regional no le conmueve ni los más desfavorecidos que, un año más, son los más perjudicados por la falta de sensibilidad e ineptitud que habita en San Esteban", ha comenzado manifestando Enrique Pérez.
A continuación, ha explicado que "durante 2020 se dispararon el número de cartageneros que esperan la concesión de las ayudas a la discapacidad y dependencia, que el Ejecutivo autonómico les ha reconocido y no les abona, mientras que otros tantos esperan a que se resuelva su expediente".
"Desde MC Cartagena nos preguntamos cuáles serán las prioridades de una administración que, en una de las mayores crisis sociales que se recuerdan, no centra su atención en aquellos que más necesitan su auxilio", ha razonado el edil.
Perjudican a 2000 familias
Adentrándose en los datos públicos, ha desgranado que "según los datos que ellos mismos publican, acumularon 980 expedientes sin resolver, mientras que 732 beneficiarios a un servicio o una prestación finalizaron uno de los peores años de su vida sin recibir una ayuda que ya tenían concedida. 1732 cartageneros, casi 2000 familias, esperando por la incapacidad de sus gobernantes".
Para finalizar, Enrique Pérez ha lamentado que "mientras ellos utilizan su cargo para vacunarse clandestinamente, a los que sirven les niegan el derecho a acceder a una vida más digna y cómoda, también para sus familias. Ésta es la realidad que ellos mismos confirman con datos. Por sus hechos los conoceréis".