Hoy martes 27 de diciembre, se ha presentado en la Cámara de Comercio de Cartagena un informe realizado por la doctora Soro Mateo de la Universidad de Murcia sobre el alcance y efectos de la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena.
El alcalde, José López, ha asistido a la presentación del documento, junto a la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, en un acto al que también han acudido la directora general de Ordenación del Territorio, Nuria Fuentes, representantes de los grupos municipales, como son los ediles Francisco Espejo, Álvaro Valdés, Manuel Padín, Alfredo Nieto o Pilar Marcos, el director del Gabinete de Alcaldía, Jesús Giménez; y miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca.
El encargado de presentar el informe ha sido el presidente de la Cámara, Miguel Martínez, quien ha señalado la necesidad de subsanar los defectos de forma, procurando la conservación del acto administrativo en beneficio de la seguridad jurídica al no existir una modificación sustancial.
Martínez ha indicado la idoneidad de “proteger el tejido productivo de la Comarca”, al tiempo que ha realizado un llamamiento “a la responsabilidad”. Del mismo modo, ha reseñado que la falta de vigencia del plan, y tener que regirse por el del 87, trae consecuencias negativas como la imposibilidad de que nuevas empresas puedan instalarse en el Valle de Escombreras, reseñando la importancia de resolver a la mayor brevedad la situación actual del PGOU al tratarse del acto administrativo más importante para una ciudad.
Por su parte, el alcalde, José López, ha señalado, durante su intervención, la satisfacción del Gobierno municipal ante el resultado del informe, además de agradecer el esfuerzo de la Cámara de Comercio para la realización del mismo. Igualmente, ha recordado que “desde el Ayuntamiento siempre hemos ido en este proceso de la mano de la Consejería de Fomento e Infraestructuras”.
López ha afirmado que Cartagena no se puede permitir el pago de estar diez años sin plan general, agradeciendo, por último, que los empresarios afectados por la paralización del PGOU no hayan solicitado su compensación ante los daños y perjuicios que se les ha ocasionado con el consiguiente menoscabo que provocaría en las arcas municipales.