La Junta de Gobierno Local de Cartagena, presidida por el alcalde, José López, ha acordado esta mañana solicitar a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ejercicio de competencias en los procedimientos de evaluación ambiental simplificada que afectan a determinados planes urbanísticos.
Según ha explicado el alcalde, esta medida contribuiría a racionalizar los procesos y mejorar los tiempos de respuesta de los servicios públicos de Urbanismo. La competencias que se van a solicitar son las propias del órgano ambiental para la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que son objeto de "evaluación ambiental estratégica simplificada", tal y como establece el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidos urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticos.
López ha asegurado que el Ayuntamiento de Cartagena está en disposición de asumir dicha competencia ya que dispone de los medios técnicos, administrativos y financieros necesarios, además de cumplir con el requisito de ser un municipio de más de 50.000 habitantes.
La concesión de la petición permitirá agilizar la tramitación de los planes urbanísticos más sencillos, que desarrollan en detalle el crecimiento de la ciudad y los núcleos urbanos y en los que los efectos sobre el medio ambiente son limitados, como son aquellos que proponen modificaciones menores de planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales y especiales que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
De este modo se estará en disposición de avanzar en la reducción y simplificación de los trámites administrativos para el desarrollo de la planificación urbanística de detalle sin prescindir de la necesaria integración de los aspectos ambientales en la elaboración de los diferentes planes.
Todo ello, ha concluido el alcalde, redundaría en un mejor servicio a la ciudadanía del término municipal, reduciendo así los tiempos de respuesta al ciudadano, profundizando en la línea simplificadora en la tramitación administrativa, evitando duplicidades y, en general, generando un ahorro neto de recursos.