Unas 2.700 personas se benefician en Cartagena de las prestaciones de la ley de Dependencia, donde la crisis ha aumentado las solicitudes de los ciudadanos y ha servido para agilizar trámites y mejorar la actuación de los servicios sociales, Así lo ha concluido esta mañana una comisión de técnicos municipales reunida en Cartagena para evaluar la aplicación la Ley en la Región y en el municipio.

El concejal de Atención Social, Antonio Calderón, y el director de la oficina de la Dependencia de la Región, Miguel Ángel Miralles, y medio centenar de técnicos de diferentes puntos de la Región han asistido a la reunión, de carácter periódico, con la principal tarea de analizar la marcha de las solicitudes y los trámites necesarios para la concesión de las ayudas.

En Cartagena, unos cuarenta técnicos de Servicios Sociales trabajan en la aplicación de la Ley de Dependencia. Además de las ayudas económicas, las prestaciones incluyen el servicio de teleasistencia, del que se benefician unas 490 personas, las residencias que atienden a unas 400 personas, los centros de día que son ocupados por 350 personas, y el servicio de prestación económica de cuidados en el entorno, con el que cuentan 1.400 personas.

Según ha explicado Miguel Ángel Miralles, la situación de crisis económica no retrasa la aplicación de la ley, sino al contrario, ya que más familias buscan recursos y eso obliga a agilizar los trámites, resolver cuanto antes los expedientes y dar una mejor respuesta.

Según los últimos datos de la oficina de la Dependencia, se registraron más de 60.000 solicitudes para acceder a las ayudas, lo que supone un 20% de la población en la Región. Según datos del IMSERSO, la Comunidad es la séptima de España que más solicitudes por dependencia gestiona. Además, resuelve satisfactoriamente el 69% de las presentadas, por encima de la media nacional que se acerca al 66%, según ha informado Miralles.

EVITAR EL FRAUDE

Entre los principales problemas de aplicación de la ley, los técnicos de servicios sociales ven necesario mejorar los medios informáticos y los canales de comunicación con las personas dependientes para poder ayudar más casos particulares.

Además, se deben controlar los posibles casos de fraude, que hacen saltar las alarmas cuando se aumentan las solicitudes por dependencia en municipios con población más joven. Para que ello no ocurra, en esta reunión en Cartagena se toman medidas como inspecciones y seguimientos de posibles casos de fraude, como parte de la labor administrativa, según ha explicado Miralles.