Cartagena, 19 ene (EFE).- El 75 por ciento de las empresas de Cartagena prevén mantener sus plantillas este año, mientras que el 18 por ciento se plantea recortes a lo largo de 2010, según el barómetro empresarial de la comarca durante el último semestre de 2009, encargado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).

El estudio realizado por la consultora CSA a partir de una encuesta a 200 empresas de la comarca de Cartagena revela síntomas de mejora de la situación económica con respecto al primer semestre del año pasado, aunque persisten los problemas de liquidez que podrían llevar al cierre al 4 por ciento de las empresas de la zona.

Según el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE, Pedro Pablo Hernández, 2009 fue un año "de crisis brutal" para el tejido empresarial con una caída en las ventas del 47 por ciento y una reducción de empleo en el 33 por ciento de los negocios.

Entre los datos que apuntan a una ligera recuperación figura precisamente el empleo. Así, el 75 por ciento de empresas de la comarca, en total más de ocho mil, prevén mantener sus plantillas en este 2010 y las previsiones apuntan a una desaceleración en la destrucción de empleo.

El presidente de AJE ha señalado sin embargo que "persisten los problemas de liquidez por falta de financiación" y cerca de un cuatro por ciento de las empresas de Cartagena podrían verse abocadas al cierre este ejercicio si continúan las dificultades con las entidades de crédito.

Los encuestados sitúan por otro lado entre julio y agosto de 2011 los plazos de finalización de la crisis y se pronuncian también sobre las medidas adoptadas por las administraciones.

Las más valoradas, en lo que concierne al Gobierno central, son la moratoria en el pago de hipotecas a los parados y, en el caso de la Administración regional, el plan Financia Pyme y las ayudas del Instituto de Fomento.

En cuanto a las medidas más necesarias para remontar las dificultades económicas, los empresarios se decantan por la reducción de costes de la Seguridad Social y una inyección de liquidez a los ayuntamientos para que paguen a sus proveedores. EFE