Cartagena, 4 may (EFE).- El informe jurídico encargado por el Gobierno local de Cartagena sobre las compras adjudicadas a la empresa del presidente de la junta vecinal de la diputación de Alumbres, el socialista Juan Pedro Torralba, equipara este cargo con el de edil en cuanto a incompatibilidades, según anunció hoy el portavoz del gobierno municipal, Joaquín Segado, quien insistió en que "el PSOE debe obligarle a dimitir".

El informe revela, según Segado, que si el presidente de una junta vecinal es administrador de una empresa "tiene prohibido adjudicar contratos a esa sociedad y su régimen de incompatibilidades es el mismo que el de un concejal de la corporación", en referencia a las dos adjudicaciones de compra de material de obra realizadas por Torralba a una empresa de su propiedad por importe de unos 1.500 euros.

El equipo de gobierno ha encargado un segundo informe jurídico "para aclarar si la alcaldesa puede destituir a Torralba o tiene que ser el partido socialista que fue quien lo nombró", dijo Segado, quien añadió que el PP estudiará también el caso del vocal nombrado por este partido que apoyó públicamente a Torralba durante el último pleno de la junta vecinal.

En este sentido, fuentes cercanas al PP señalaron que "no se descarta tampoco la destitución del vocal popular" en la junta de Alumbres por respaldar al responsable del organismo municipal.

El grupo municipal popular llevará al próximo pleno del ayuntamiento una moción para exigir de forma expresa al PSOE la renuncia al cargo del presidente de la junta vecinal, tras acusar a esta formación política de "tener dos varas de medir", en referencia a la destitución del ex concejal de Vía Pública, Enrique Pérez Abellán, quien recomendó a su hijo para redactar cuatro proyectos de obra pública del Plan E.

El portavoz del gobierno añadió que, "desde el punto de vista político se entiende que los mismos que propusieron el nombramiento de Torralba tienen que asumir las consecuencias políticas de este informe, que revela que se han hecho prácticas que estaban prohibidas".

Desde que se hicieran públicas las adjudicaciones de compra de materia de obra a la empresa del presidente de la junta vecinal, el grupo municipal socialista ha respaldado a Torralba al estimar que el dirigente vecinal "nunca tuvo intención de lucrarse".