Solo durante esta legislatura "hemos dejado de recibir 1.721 millones de euros", ha lamentado
El candidato electo del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha denunciado que, durante 5 años, Pedro Sánchez se ha negado a hablar de financiación autonómica "y ahora que necesitan los votos de un prófugo de la justicia, le ofrece apoyar una quita millonaria de la deuda catalana que volverán a dejar ciudadanos de primera y de segunda".
Lo más vergonzoso de todo esto es que "condonen la deuda como moneda de cambio para la investidura de Sánchez". "Es un trato de favor escandaloso mientras comunidades como la nuestra siguen siendo víctimas de un sistema de financiación que se niegan a revisar".
En esa línea, ha lamentado que la Región de Murcia ha sido, en 2022, la comunidad autónoma peor financiada. "Esta es una realidad que la propia ministra de Hacienda ha reconocido y que se mantiene durante más de una década".
De hecho, solo durante esta legislatura "hemos dejado de recibir 1.721 millones de euros como consecuencia directa de un sistema de financiación injusto y obsoleto".
Marín ha manifestado que el presidente López Miras ha exigido en numerosas ocasiones "que se aborde de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica" y articular un mecanismo de compensación "para las comunidades peor financiadas mientras no se alcanza un nuevo modelo de financiación".
Lamentablemente, los socialistas de la Región y su jefe de filas, Pedro Sánchez, han hecho caso omiso a estas peticiones, y ahora, de manera totalmente unilateral, "ofrece a Cataluña eliminar la deuda que mantiene con el Estado, que en su caso supera los 70.000 millones de euros".
Por ello, Marín ha recordado que cualquier reforma del SFA "debe estar liderada por el Estado y en coordinación con las comunidades autónomas", puesto que es un elemento vertebrador del país y su reforma pasa por los principios de suficiencia, equidad y colaboración institucional.
Al hilo, ha resaltado que "hablamos de unos principios que se quiebran desde el momento en el que la financiación de los servicios públicos se plantea como un elemento sometido a la negociación con quienes aspiran a quebrar la unidad de España".