La empresa asegura que el examen será en noviembre, algo de lo que dudan los sindicatos al haberse anunciado la anterior convocatoria para octubre y haberse realizado un año más tarde.

Queda pendiente la convocatoria del año 2022 con más de 2.400 plazas.

Ayer, 16 de diciembre, Correos confirmó una convocatoria de empleo de 5.377 plazas, que aunará los puestos contenidos en la convocatoria de 2021 (2.123) con los del proceso de consolidación de 2020 (3.254 plazas). Esta decisión no es una concesión gratuita de Correos, sino que viene motivada por las exigencias de CCOO y UGT de acordar la limitación de la temporalidad, tanto en lo relativo al porcentaje de plantilla (no más del 8%), como a la duración de los contratos y su causalidad (el porqué), y para evitar las sanciones que se impondrán a las empresas en caso de abusar de la temporalidad. Estas mismas exigencias de CCOO y UGT, en la mesa de diálogo social, han arrancado la convocatoria de la consolidación correspondiente al ejercicio de 2022, que será de unas 2.400 plazas.

CCOO y UGT propusieron fusionar esta convocatoria con la anunciada hoy para poder alcanzar 7.777 puestos en total (5.377+2.400), propuesta que la empresa ha rechazado. Correos estará obligada a convocarla antes de que finalice 2022.

CCOO y UGT critican el autobombo y el afán propagandístico tramposo de Correos que con publicidad quiere tapar el 60% del recorte en la contratación que ha ido implementando en su plan estratégico que comenzó a realizar hace dos años y que ha prescindido de 7.000 empleos a pesar de los puestos consolidados hasta la fecha, siendo el recorte más alto en la historia de Correos en una empresa que ha pasado de 55 mil a 48 mil trabajadores/as en tres años, y además con el 23 % de contratos a tiempo parcial, la mayor cifra del país en el sector público.

CCOO y UGT exigen a Correos una política de empleo integral y no propagandística que garantice el volumen suficiente de plantilla y empleo de calidad para que la mayor parte de estas plazas se destinen a cubrir puestos operativos en todas las provincias, para seguir convirtiendo en fijos miles de puestos estructurales que se están cubriendo con eventualidad en fraude de ley.

Por otro lado, una parte de esos puestos tienen que destinarse a la integración de personas con discapacidad, para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio Colectivo.