El 80,88 por ciento de los ciudadanos entiende que la actual ratio de cinco enfermeras/os por 1.000 personas no es suficiente para garantizar una atención segura y de calidad en los centros sanitarios, y el 85,2 por ciento cree que el que el hecho de que las enfermeras y enfermeros se vean obligados a encadenar contratos precarios de días y semanas pasa factura a la atención sanitaria.

SATSE subraya, a tenor de los datos de la encuesta, que el conjunto de la ciudadanía es partidaria de garantizar la seguridad del paciente, como así lo establece la Ley que se está tramitando, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados.

Ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia consideran que contar con cinco enfermeras/os por cada 1.000 habitantes no es suficiente para garantizar una atención segura y de calidad en los centros sanitarios de nuestro país, mientras que nueve de cada diez tienen la misma opinión en el caso de las residencias de mayores.

Así se concluye en el análisis que la empresa especializada en estudios e investigación 'Sondea' ha elaborado para el Sindicato de Enfermería, SATSE, tras realizar una encuesta a principios de este mes de octubre en el conjunto del Estado. Un sondeo sobre distintos aspectos relativos a la situación de la sanidad de nuestro país y la atención y cuidados que se prestan en los centros sanitarios y sociosanitarios una vez superado lo peor de la pandemia del Covid-19.

Entre otras cuestiones, el estudio refleja la opinión ciudadana sobre las consecuencias que tiene, para la asistencia sanitaria que reciben, la actual ratio de enfermeras y enfermeros que existe en el conjunto del país, así como las condiciones en las que tienen que desarrollar su labor profesional, resultando generalizada la percepción de que resulta necesario reforzar las plantillas existentes.

En concreto, el 80,88 por ciento de las personas encuestadas entiende que la actual ratio de cinco enfermeras/os por 1.000 personas no es suficiente para garantizar una atención segura y de calidad y cerca de la mitad sabe, incluso, que hay estudios científicos que demuestran que cuantos más pacientes atiende una enfermera o enfermero en su turno de trabajo más posibilidades hay de prolongar las estancias hospitalarias y de que se sufran efectos adversos y complicaciones.

En lo que respecta a los hospitales, cerca de ocho de cada diez también cree que contar con una sola enfermera o enfermero para atender a entre 15 y 20 pacientes por turno afecta negativamente en la atención y cuidados, mientras que en el caso de los centros de salud, el 85,52 por ciento entiende que el hecho de que una enfermera o enfermero tenga asignadas hasta 2.000 personas repercute también negativamente en la asistencia recibida.

En el caso de las residencias de mayores, casi nueve de cada diez encuestados consideran que el hecho de que una enfermera tenga entre 150 y 200 personas a su cargo tiene una repercusión negativa sobre la atención y cuidados que se presta a los residentes en estos centros sociosanitarios.

La encuesta también pregunta sobre el grave problema de la temporalidad existente en nuestra sanidad, y que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros, y la impresión generalizada (85,2 por ciento) es que el hecho de que estos profesionales se vean obligados a encadenar contratos de días y semanas y en diferentes unidades y centros pasa factura a la atención sanitaria.

Asimismo, el 83,27 por ciento de los encuestados afirma que las condiciones de trabajo, recursos y medios con los que cuentan las enfermeras y enfermeros en nuestro país deberían mejorarse por parte de las diferentes administraciones públicas para asegurar una óptima atención sanitaria.

A tenor de los datos extraídos de la encuesta, el Sindicato de Enfermería subraya que, una vez más, ha quedado constatado que el conjunto de la ciudadanía es firme partidaria de garantizar la seguridad del paciente, como así lo establece la Ley que se está tramitando, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados.

Al respecto, SATSE Murcia denuncia que, mientras la sociedad reclama una mejor atención y cuidados, la Ley de Seguridad del Paciente sigue bloqueada once meses después de su toma en consideración por las continuas peticiones de prórrogas a la presentación de enmiendas por parte de partidos como el PP, y por la inacción de otros grupos, como el PSOE.